El estado de excepción decretado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en los municipios fronterizos del estado Táchira, ha permitido a sus habitantes comenzar a recuperar la tranquilidad, luego de haber estado asediados por las prácticas paramilitares que imperaban en la zona, afirmó el dirigente revolucionario Freddy Bernal.
En entrevista concedida al programa Diálogo con, transmitido este domingo por Televén, Bernal afirmó que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno por brindarle la mayor estabilidad al pueblo, las mafias trasnacionales se han dedicado a la extorsión, al secuestro y al sicariato, con lo que forzaron al Ejecutivo Nacional a «decretar el estado de excepción para resguardar la frontera y proteger a los venezolanos y colombianos que hacen vida en la zona».
A partir de este decreto -prosiguió Bernal-, se logró que las largas colas para comprar gasolina en esta área limítrofe desaparecieran, porque «se ha cortado parte importante de ese contrabando de extracción, que está legalizado en Colombia por una resolución de Álvaro Uribe Vélez».
Bernal detalló cómo la mafia del contrabando de extracción del combustible, subsidiado por el Estado, operaba en la frontera. «Toda la gasolina que sale de Venezuela la compra la empresa Pacific Rubiales, propiedad de Humberto Calderón Berti y Luis Guisti (exdirectivos de la antigua Petróleos de Venezuela), y esa empresa con sólo un impuesto que paga en la Alcaldía del Norte de Santander, se la vende a EcoPetrol (petrolera colombiana), y Ecopetrol la exporta como producida en Colombia, eso tan sólo por el lado de la gasolina (…) Y este negocio ilegal es legalizado por una resolución de Álvaro Uribe», denunció.
Sumó la resolución 8 del Banco Nacional de Colombia, emitida por el expresidente Andrés Pastrana, que en su artículo 65 «legaliza a los llamados cambistas, que son personas que están coordinadas por mafias del Norte de Santander, y le colocan el precio a la moneda venezolana respecto al cambio frente al peso».
Denunció que ese juego cambiario entre el bolívar, el dólar y peso funciona de la siguiente manera: «Como en Venezuela el Gobierno revolucionario subsidia una parte importante de los alimentos, cuando vamos al cambio de la moneda, por ejemplo, con lo que cuesta un kilo de arroz en Colombia, que son 550 bolívares, se compran 25 kilos de arroz en Venezuela».
Toda estas mafias se enriquecen, mientras que la economía venezolana se ve afectada por las cuantiosas pérdidas, «que se calcula entre 10.000 y 12.000 millones de dólares al año, superior al negocio formal entre el Estado de Venezuela y Colombia».
El dirigente resaltó que este tipo de prácticas delincuenciales tuvo su auge «cuando ocurrió la llamada desmovilización paramilitar en Colombia y la instalación de bases militares en el vecino país, que extrapoló hacia Venezuela dos tipos de ciudadanos: unos honestos, trabajadores, que vinieron al país huyendo de la violencia y del hambre», y otro grupos, que son las mafias que se establecieron a lo largo de la frontera.
Como ciudadano criado cerca de la frontera tachirense con el Norte de Santander contó que en esta parte del territorio «hemos convivido históricamente con los colombianos (…) Había una relación de cordialidad y de amistad, que estoy seguro de que nunca se va a romper.»
OLP: UN CLAMOR POPULAR
Bernal, quien encabezó la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad, puntualizó que la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) era una necesidad y un clamor popular para reforzar la seguridad ciudadana en ciertos sectores.
«El presidente Nicolás Maduro diseñó una política de lucha contra la criminalidad, y entre ellas incluyó una política de paz y profundizó la lucha contra el crimen, que es recuperar el Estado de Derecho y hacer valer la Constitución y las leyes de la República», señaló.
Consideró que la OLP, aunque es una política del Estado importante y necesaria, debe ser reforzada porque el problema de la criminalidad es multifactorial y de carácter estructural.
Por ello, refirió que es necesaria la repotenciación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la redimensión de la Universidad de la Seguridad; la aprobación de la nueva estructura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ,para que tenga autonomía financiera que le permita mayor capacidad de investigación criminal; y la reforma del Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal a fin de luchar contra el retardo procesal.