La fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó este lunes a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el antejuicio de mérito de María Mercedes Aranguren, diputada por el estado Monagas ante la Asamblea Nacional.
“La solicitud es que declare que hay méritos para iniciar el procedimiento ordinario contra la diputada”, dijo destacando que este petitorio está fundamentado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, previsto en la Ley contra la Corrupción, así como de legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Durante un contacto informativo de VTV desde el TSJ, Ortega precisó que los señalamientos que se hacen sobre Aranguren, es por las irregularidades cometidas al presidir una empresa constituida por José Gregorio Briceño durante su período como gobernador de esa entidad.
La Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín C.A., fue creada con la finalidad de administrar y garantizar el mantenimiento del estadio Monumental.
“Esta empresa, como una característica especial, fue creada para 50 años, según sus estatutos y solamente duró ocho meses. Fu liquidada, no mediante el procedimiento normal, sino por un decreto del propio gobernador en ese momento. Esta era una empresa de esas que llamamos de maletín, presumimos que fue constituida para cometer irregularidades en detrimento del patrimonio público”.
Entre la irregularidades detectada, la Fiscal indicó que se realizaron contratos con empresas extranjeras sin autorización por parte del Estado venezolano. Los montos de contratos fueron desde 3 millones y hasta 4 millones 800 de bolívares; excediendo su capital que era solo 10 mil bolívares.
De igual manera indicó que la empresa contrató con artistas extranjeros que fueron cancelados por el Gobernador sin la autorización correspondiente.
Los dólares usados para el pago a empresas extranjeras fueron comprados en casas de cambio, por un costo superior al oficial. “El Estado tuvo perdida de 5 millones, solo por esa negociación que se hizo en las casas de cambio”.
Según Ortega, la investigación determinó que la empresa nunca declaró impuestos nacionales ni municipales, ni dio cuenta por el dinero recaudado en taquillas por los espectáculos que organizó en el Monumental de Maturín.
«Todas estas operaciones a criterio del Ministerio Público, se desarrollaron con poca transparencia. Presumimos la irregularidad y la presunción de varios delitos», dijo.
Corresponde al TSJ determinar si admite o no la acción y convoca a la audiencia.
Aclaró que el MP trabaja en la investigación de este caso desde el año 2008, cuando fueron consignadas cuatro denuncias ante la Fiscalía en el estado Monagas, momento en el que Araguren aún no era diputada nacional. Por tanto desmintió los señalamientos de la parlamentaria a través de algunos medios de comunicación, de que se trate de un ataque para debilitar la bancada opositora en la AN.