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El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, reveló este viernes que el gobierno de Estados Unidos lidera el plan conspirativo contra Venezuela, que cuenta con el apoyo de algunos actores políticos de otros países latinoamericanos y nacionales.
El titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz aseveró que Estados Unidos está implicado en el plan que tiene dos objetivos: impedir la propagación del liderazgo bolivariano por el continente y apropiarse de las riquezas petroleras del país.
“Que desde un país como Venezuela haya insurgido un movimiento bolivariano y haya propuesto al país y al mundo una nueva forma de construir un nuevo modelo de sociedad, indudablemente es prácticamente un desafío al país más poderoso del mundo”, aseveró.
Rodríguez Torres explicó que a partir de esos dos objetivos se definen dos líneas de acción para atacar a Venezuela: en primer lugar acusar al Estado venezolano de violar los derechos humanos y en segundo lugar, vincular a funcionarios criollos con el terrorismo y el narcotráfico.
“Bajo el argumento de un Estado forajido construido desde el ataque a los DDHH e involucrando a Venezuela con el narcotráfico y el terrorismo ellos van creando la excusa necesaria para poder atacar a nuestro país”, recalcó.
Sobre la violación de los derechos humanos el alto funcionario señaló que la información manipulada la obtienen por vía de actores políticos venezolanos como Antonio Ledezma, María Corina Machado, Diego Arria, entre otros, y la utilizan para armar un expediente que Estados Unidos emplearía para intervenir en el país.
“Ellos comienzan a acopiar información, donde manipulando esa información, hacen ver al mundo o tratan de hacer ver al mundo que en Venezuela se violan permanente y constantemente los derechos humanos”, refirió.
Como ejemplo, prosiguió Rodríguez Torres, la política de oposición Delsa Solorzano realizó un informe donde se señala que las fuerzas de seguridad del Estado actúan de manera conjunta con fuerzas paramilitares, sin presentar las pruebas.
Al respecto, agregó que existe un bufete de abogados en Estados Unidos, que está recabando esa información manipulada para armar un expediente que utilizará el gobierno estadounidense para tomar decisiones políticas y militares en contra de Venezuela.
UN PLAN DISEÑADO DESDE HACE TIEMPO
Rodríguez Torres aseguró que ese plan, diseñado desde el exterior, tiene tiempo y sobre este punto recordó diversos eventos realizados fuera del país tales como la Fiesta Mejicana, evento que contó con la participación de jóvenes venezolanos que hoy han cobrado protagonismo en los hechos violentos conocidos como guarimbas.
Afirmó que en la Fiesta Mejicana participó el ciudadano Gustavo Tovar Arroyo, que se presenta como defensor de los Derechos Humanos, es el encargado de conseguir el financiamiento destinado a desarrollar las actividades conspirativas en el territorio nacional.
Añadió que en ese evento realizado en México, en octubre de 2010, participaron Daniel Ceballos, Lester Toledo, Freddy Guevara, Davis Smolansky, generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gaby Arellano, Villca Fernández, entre otros.
También refirió, por otra parte, que en marzo de 2012 el ciudadano Humberto Prado, quien preside una ONG dedicada a promover los DD.HH. de los privados de libertad, comienza a llevar a cabo el Plan País mediante el cual se fomentaban huelgas de hambre y protestas violentas en penales del país, con el propósito de generar sensación de ingobernabilidad.
Mencionó que en abril de 2012 se efectuó un encuentro de ONG y jóvenes estudiantiles de la oposición donde plantean violencia callejera para derrocar el gobierno constitucional, en ese momento presidido por el comandante Hugo Chávez.
Aludió además la ola de violencia generada en abril de 2013 luego que el presidente Nicolás Maduro ganara las elecciones, donde 11 personas perdieron la vida. Posteriormente, prosiguió Rodríguez Torres, el 24 de abril de 2012 fue capturado el ciudadano estadounidense, Timothy Hallett Tracy, quien tenía como misión tratar de crear confrontación entre afectos al gobierno y grupos estudiantiles de oposición.