Productores, campesinos, estudiantes, amas de casa, trabajadores, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y líderes gremialistas y obreros del estado Guárico marcharon este jueves por las principales calles y avenidas de Calabozo (estado Guárico), para pedir la pena máxima para los asesinos de William Prado, funcionario del Instituto Nacional de Tierras (Inti) de esa región.
El gobernador del estaduárico, Williiam Lara, solicitó a los poderes públicos venezolanos justicia y pena máxima en el caso de los asesinatos del inspector Prado, ocurrido el pasado 18 de agosto, y del policía Huber Bolívar, fallecido hace un año, durante la lucha contra el latifundio emprendida por el Ejecutivo Nacional
“Pedimos sentencia implacable, pena máxima de acuerdo con la Constitución de Venezuela. Con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, le hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para que lleve a la cárcel a todos los criminales que han asesinado a nuestros compañeros campesinos”, expresó.
El gobernador felicitó a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a la Policía Regional de Guárico, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que luchan para proteger al pueblo venezolano.
El pasado 19 de agosto, por solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad seis hombres, quienes habían sido detenidos tras el homicidio de William Prado Medina.
Durante la audiencia de presentación, el fiscal 2° de esa jurisdicción, Carlos Hurtado, imputó a Armando Lobo, Melfi Tovar, José Cedeño, Donnys Carrillo y Jackson Dávila por la presunta comisión de los delitos de sicariato y asociación para delinquir.
De igual manera, fue imputado Junior Peña por sicariato, porte ilícito de armas y asociación para delinquir, delitos que se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Mientras que el Tribunal 2° de Control de Guárico, donde se llevó a cabo la audiencia de presentación, acogió la calificación fiscal, decretó la privativa de libertad de los seis hombres y fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial de Los Pinos en San Juan de Los Morros.
Desde que fuera implantada la Ley de Tierras y se diera inicio a la lucha contra el latifundio, 227 campesinos han sido asesinados por sicarios pagados por terratenientes.