El Decreto de Quito, dictado por el Libertador Simón Bolívar, el 25 de octubre de 1829, aseguró que las nacientes repúblicas latinoamericanas obtuvieran el manejo soberano sobre las inmensas riquezas minerales dispuestas en su territorio y que fueron esquilmadas durante siglos por los reinos europeos.
En su artículo primero, este decreto expresa que las minas pasaban del dominio de la Real Corona española al dominio de la República, como consecuencia de una declaración expresa emanada de la autoridad legítima: «Conforme a las leyes, las minas de cualesquiera clase, corresponden a la República».
De esta manera, se dejaba atrás a las «Ordenanzas para la Minería para la Nueva España», mediante las cuales se asignaba la propiedad de las minas, y cualquier otra riqueza que emanara de la tierra, a la corona española.
El texto plantea el interés del Libertador por fomentar la minería, abandonada durante la el colonialismo, a pesar de constituir una de las principales fuentes de la riqueza pública, así como de derogar algunas disposiciones, que originaron disputas entre los mineros.
También expresa la necesidad de promover los conocimientos científicos de la minería y de la mecánica, y difundir el espíritu de asociación y de empresa, «para que la minería llegue al alto grado de perfección que se necesita para la prosperidad del Estado».
El Decreto de Quito estaba dirigida a los territorios de la Gran Colombia que superaba los 2.172.000 kilómetros cuadrados, y comprendía a Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, así como parte de la superficie de Guyana, Brasil, Perú y Nicaragua
SOBERANÍA PETROLERA
La concepción de soberanía en el manejo de los recursos mineros y energéticos que planteó Bolívar hace 185 años, cobra vida en la política implementada desde 1999 por el Gobierno revolucionario en este sector.
«El Libertador Simón Bolívar en su visionario decreto de Quito (1829) estableció que ‘conforme a las leyes, las minas de cualquier clase ‘corresponden a la República’ y advirtió la importancia de ‘asegurarse su propiedad’ porque tales recursos son ‘una de las principales fuentes de riqueza pública’. Tal entendimiento sobre la propiedad de las tierras y el subsuelo tiene una importancia meridiana a la luz del rol que cumple el petróleo en la sociedad global contemporánea. En consonancia con esta visión, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha dado un vuelco revolucionario al sistema de regulación petrolera y al modelo neoliberal de desarrollo, ambos heredados de la IV República», indicó en 2006 el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, quien estuvo al frente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por más de 10 años.
Desde que el comandante Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, puso en marcha su visión plenamente Bolivariana sobre el carácter estratégico y esencial que tiene el control de la actividad petrolera para el desarrollo económico y social del país.
Una de las primeras acciones para tomar control sobre la industria petrolera se vio reflejada en el proceso constituyente, al establecer en la Constitución de la República Bolivariana, en sus artículos 12, 302 y 303, la reserva de las actividades primarias de la industria petrolera al Estado venezolano, y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) como la operadora nacional 100% propiedad de la República.
Venezuela es uno de los pocos países petroleros del mundo que tiene estricto control y manejo soberano de sus recursos naturales, para garantizar que estén al servicio del pueblo.
De este modo, desde 2003 el Estado ha logrado captar 510 mil millones de dólares, provenientes de actividad petrolera en el país, incluyendo los impuestos, tributos y regalías, que han servido para sostener las misiones sociales, como forma de distribuir de manera directa la renta petrolera en el pueblo y convertirla en salud, educación, deporte, cultura y vivienda.
MINERALES PARA EL DESARROLLO
En agosto de 2011 el Gobierno revolucionario refrendó la Ley que reserva la explotación del oro al Estado venezolano, con el propósito de mejorar la calidad de vida del minero artesanal, impulsar la industrialización de la actividad minera, brindar atención social a las comunidades aledañas a las minas, y frenar las prácticas de contrabando de extracción.
Asimismo, ese mismo año planteó una alianza estrtaégica entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para producir conjuntamente tanto oro como crudo, en la Faja Petrolífera del Orinoco y el arco minero del estado Bolívar.
Este plan estratégcio prevé el aprovechamiento de los recursos naturales ubicados al norte (más 272.000 millones de barriles de petróleo en reservas) y sur del río Orinoco, para cerar nuevas fuentes de empleo e impulsar la economía nacional.
UNIÓN LATINOAMERICANA
El ideal bolivariano también se encuentra vigente en el accionar de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que promueve acciones comunes para el ejercicio soberano de las riquezas, el desarrollo industrial, la generación de empleos dignos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos de la región.
De acuerdo con el organismo regional, «bajo la superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados que ocupan los 12 países agrupados en la Unasur se encuentra el 20 % de las reservas mundiales probadas de petróleo, así como cantidades impresionantes de reservas minerales: litio (65 %), plata (42 %), cobre (38 %), estaño (33 %), hierro (21 %) y bauxita (18 %), entre otros».
De este modo, este mecanismo de integración integrado por Guyana, Surinam, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y venezuela, ha centrado sus esfuerzos en la necesidad de superar en Suramérica la actividad exportadora de materia prima a los mercados globales y el reto de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la región para el bienestar de sus habitantes.