El ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur) “es perfecto desde el punto de vista jurídico y no hay razón legal que pueda revertir ese proceso”, consideró Addinson Lashly Charboné, director de la firma consultora KPMG.
“Hemos consultado a los especialistas de nuestra filial (KPMG) en Argentina, Brasil y Uruguay (en Paraguay no tienen representación por razones de economía de escala) y manifestaron que es una decisión firme. Está acorde con los fundamentos jurídicos y las normas establecidas por el bloque regional”, enfatizó Lashly en un conversatorio con los medios de comunicación sobre Incidencias de la Inclusión de Venezuela en el Mercosur, realizado en la Torre KPMG, en Caracas.
Desde el punto de vista político, si hay voluntad de los gobiernos se pueden profundizar la integración y avance del bloque regional. Si en Paraguay gana las próximas elecciones la tendencia del actual Gobierno y se incorpora de nuevo al Mercosur, seguramente se podrían presentar recursos jurídicos, pero desde el punto de vista de tratado no prosperarán, consideró el abogado de la firma internacional.
Desde el punto jurídico, la decisión de ingreso de Venezuela al Mercosur está ajustada a las normas establecidas en el Protocolo de Montevideo. “Los estados miembros a la fecha (Argentina, Brasil y Uruguay. Paraguay está suspendido temporalmente) tomaron la decisión de manera plena. Tenían los argumentos legales para concretar la incorporación de un nuevo miembro”, enfatizó .
En ese caso el Parlamento y el Gobierno de Paraguay no disponen de argumentos para sacar a Venezuela porque al momento del ingreso, ese país estaba inhabilitado. “Ese proceso ya se dio de acuerdo con el protocolo. Entendemos que la voluntad política de los que tomaron la decisión se va a mantener y Paraguay no dispondrá de ninguna mayoría para revertir el proceso”, argumentó el director del escritorio jurídico de la firma consultora.
La tarea en los próximos años (Venezuela tiene hasta 2016 para adaptar su normativa) es dar un salto de calidad tanto del Estado como del sector productivo venezolano. “Es necesario una mayor transparencia en la aplicación de las normas arancelarias y en la normativa tributaria”, expresó Roberta Núñez, gerente senior del escritorio jurídico de KPMG.
Desde el punto de vista tributario, las decisiones de los estados son soberanas, por ejemplo, Venezuela tiene cerca de 30 convenios para evitar la doble tributación y debe armonizar estos acuerdos con la normativa de Mercosur, sostuvo la abogada.
Núñez dijo que es necesario la creación de un tribunal arbitral del Mercosur para dirimir las controversias que se presenten y contribuir a la armonización de las leyes.