Un total de 8.557 establecimientos que expenden alimentos han sido abordados a través del Plan Nacional de Inspección y Fiscalización, que comenzó el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis) el pasado 7 de enero.
En este programa «participan 11 instituciones del Estado con facultad fiscalizadora, para llevar respuestas concretas a las comunidades», informó Trino Martínez, director nacional de inspección y fiscalización del organismo, durante una entrevista en Unión Radio.
En el operativo participan funcionarios del Indepabis, Superintendencia Nacional de Costos y Precios justos (Sundecop) Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Desde la creación de este plan, se han levantando 6.053 actas de inspección y 2.504 actas de fiscalización, estas últimas para establecen las sanciones a los establecimientos que incurran en algún ilícito administrativo.
Además, se han efectuado 1.209 ventas supervisadas para que los productos de primera necesidad lleguen a las comunidades.
A través del plan de fiscalización han sido incautados 20.383 toneladas de distintos alimentos, entre ellos 2.855 de azúcar y casi 4.000 de leche en polvo.
En estas actividades ha sido importante la actuación del Poder Popular, que se encuentra incorporado a estos operativos a través de 3.500 comités contra la especulación. «Se encuentran apoyando, son los contralores sociales y principales denunciantes», acotó Martínez.
El director nacional de inspección y fiscalización del Indepabis indicó que este miércoles supervisaron 22 establecimientos en Catia, parroquia Sucre de Caracas.
En dicho procedimiento se levantaron 4 actas de inspección, correspondientes a comercios sin irregularidades, y 18 actas de fiscalización, levantadas en aquellos expendios que incurrieron en irregularidades como ausencia de precios en los productos, artículos vencidos e insalubridad extrema.
También, se llevó a cabo la venta de alimentos de primera necesidad a precios regulados a las comunidades cercanas.