Las medidas de intervención y ocupación temporal dictadas por el Gobierno Nacional contra algunas constructoras que estafaron a venezolanos que invirtieron sus ahorros para la adquisición de apartamentos restituyen el derecho a la vivienda, enfatizó la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez.
“Las intervenciones de varios complejos habitaciones yo las vería no como expropiaciones, sino como la restitución del derecho a lavivienda”, dijo.
Ramírez expresó que las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional responden a las múltiples denuncias de diversos grupos organizados sobre el retraso y paralización de obras, el cobro de ajustes por concepto de Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el incumplimiento de contratos por parte de las inmobiliarias, razón por la cual el Estado venezolano está en la obligación constitucional y legal de tomar todas las acciones que sean necesarias para resguardar el goce y disfrute pleno de este derecho.
“Las constructoras terminan generando estos desarrollos habitacionales y trasladan su responsabilidad bajo la figura de asociación civil y, entonces, inventan cuotas especiales y cualquier tipo de subterfugios para tratar de sacarle el dinero a la gente con algo tan anhelado como es un techo, lo cual se transformó en una práctica en nuestro país. Por eso, el Estado venezolano ha intervenido aún cuando se trata de la empresa privada”, indicó en nota de prensa.
Recordó que esta situación es similar a lo que se vivió Venezuela durante la última parte de la década de los años 90 con los llamados Créditos Indexados, una oferta del mercado financiero fundamentada en el cobro de intereses sobre intereses a los solicitantes de préstamos bancarios para la adquisición de viviendas y automóviles, lo cual prolongaba la deuda indefinidamente y la hacía impagable.
En la décima Conferencia Bienal del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC), celebrada en Edimburgo, Escocia, en el mes de octubre, los Defensores del Pueblo del mundo elaboraron una declaración en la cual Naciones Unidas reconoce que las empresas privadas han violado derechos humanos.