A través de las salas situacionales, el Instituto para la Defensa de las personas en el acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) canaliza diariamente más de 170 denuncias por parte de las personas que han sido objetos de estafas inmobiliarias.
Así lo manifestó la noche de este miércoles Aura Rosa Hernández, Presidenta del Indepabis, durante una entrevista en el programa Contragolpe transmitido por Venezolana de Televisión.
La titular de Indepabis se refirió a la situación actual de los conjuntos residenciales: Loma de la Hacienda, El Encantado, Mata Linda, El Fortín y San Antonio, todos estos sometidos a medidas especiales por parte del Estado, para garantizar el derecho a la vivienda de sus copropietarios.
Señaló que, de acuerdo a las medidas anunciadas por el Presidente Hugo Chávez el pasado 31 de octubre, se han expropiado los cinco urbanismos, además de una de las constructoras «para poder resarcir los daños y perjuicios que durante años han mantenido en vilo a estas familias que no habían conseguido la entrega de sus viviendas”.
La presidenta del Indepabis detalló que actualmente se están llevando a cabo los diferentes procesos de fiscalizaciones para atender las denuncias de los afectados y actuar ante cualquier vulneración o menoscabo de los derechos de estas personas.
“Cuando nosotros recibimos las denuncias, en un primer momento, como lo establece el procedimiento administrativo que contempla el Indepabis, pasa a un proceso de conciliación. Allí se intenta lograr el respeto al contrato inicial, donde no está establecido ningún aumento por cobro del INPC, ni otra situación que pueda alterar el precio inicial de la transacción que la familia está realizando», indicó.
Asimismo, señaló que también se busca brindar protección para restituir el derecho a la vivienda de los afectados. «Éstas son llamadas medidas innominadas, porque no están establecidas en la ley, pero que podemos construir en el marco de ésta, para proteger a la familia. Y, el último paso es la prohibición de enajenar ese inmueble”, dijo.
Destacó que cada denuncia que realiza los afectados es canalizada por el Indepabis y se aplica la sanción monetaria que establece la ley, lo cual puede ir de 1 mil a 5 mil unidades tributarias (UT).
Finalmente, indicó que el organismo trabaja para que las acciones de las salas situacionales perduren en el tiempo y no sólo se enfoquen en el ámbito habitacional. “Esta ley prevé la participación de cada uno de nosotros como usuarios. La ley prevé la creación, a través de los consejos comunales, de los comités contra el acaparamiento, contra el boicot y, en este caso, contra la estafa”, puntualizó.