Más de 300 carabobeñas lucharán contra el acaparamiento y la especulación en la entidad, informó ayer la vocera del Ministerio de la Mujer por la Misión Madres del Barrio de los comités de la Defensa Popular para la Economía, Dayana Paredes.
Durante una jornada de formación -en el Inces Valencia- de las mujeres contra la guerra económica, Paredes destacó que ayer se empezaron a conformar los equipos municipales del pueblo organizado junto con la Superintendencia Nacional para la Defensa de la Economía (Sundee).
Las féminas que quieran sumarse a esta batalla, lo pueden hacer mediante los registros en la coordinación estadal de Madres del Barrio, que queda en el parque González Castro: “Empezamos el martes a visitar los municipios. Visitamos Miranda, Diego Ibarra, el viernes estuvimos en Bejuma. Hoy conformaremos (equipo) en Valencia. La semana que viene comienzan las inspecciones con mucha fuerza”.
“La mujer por ser madre padece esta situación de guerra económica. La mujer vive el día a día. Sale a comprar sus alimentos. Ven en los establecimientos las colas, los atropellos que cometen los comerciantes. Por eso, mi llamado es a que se sumen a este combate contra la desestabilización que comenzó desde que el comandante Chávez asumió la Presidencia de la República”, instó.
Consideró que la guerra económica hoy en día es más fuerte que la que enfrentó el presidente Chávez. “La idea que tienen algunos es que el pueblo se desespere y salga a la calle a pelear por sus alimentos, cuestión que no será”, acotó.
FORMACIÓN CON ÉTICA
La vocera estadal de la Red de Defensores de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, Eudorina Boadas, aseguró que las luchadoras de Madres del Barrio recibieron ayer una primera inducción, que es una primera información sobre la formación de equipos multidisciplinarios en los diferentes municipios “para salir a la calle en bloque como Poder Popular”.
“Vamos al acompañamiento de las diferentes instituciones. Para poner un coto, un parao en esta guerra económica. Vamos a garantizar que las fiscalizaciones y las medidas se cumplan. En la segunda etapa están programadas dos o tres fiscalizaciones diarias. Pero son muchas más. Hacemos a los comerciantes el llamado de atención y la evaluación diariamente”, sostuvo.
Boadas aseveró que la red Carabobo cuenta con 14 correos electrónicos en los que se manda la indagación diaria a la Presidencia de la República, y la Vicepresidencia. “En esta fase hemos encontrado muchas irregularidades. Algunas nos duelen porque son de Mercal, por ejemplo, pero donde se dan más es en la red privada”.
“Tuvimos que mandar a Fiscalía a 16 trabajadores de la comercializadora privada Makro. Había trabajadores que compraban excesivamente artículos de primera necesidad, sin tener un registro de comercio. Está bien que se compre lo que necesite para el hogar, pero de allí a que se compre 300 bultos de harina de maíz, por ejemplo, en un mes, es extraño”, contó.
MÁS DE 300 FISCALIZACIONES A COMERCIOS
Durante la segunda fase de la ofensiva económica se han llevado adelante más de 300 fiscalizaciones y más de 250 supervisiones en la entidad, aseveró el comandante de la Zodi Carabobo, José Manuel Sequeira.
Sequeira destacó que en las jornadas los funcionarios y organizaciones populares han seguido el curso de la venta de alimentos, de productos del hogar, automóviles, electrométricos, entre otros bienes de gran consumo en la región.
“Se han detectado algunos comercios que están incumpliendo con la ley. Se han observado aumento en el margen de ganancia. Los órganos como la Sundee, el Seniat, el Cencoex, han tomado las medidas administrativas de cada caso”, acotó.
USURA EN VENTA DE CARROS
Sequeira destacó que el más característico de los casos se halla en el sector automotriz, en los concesionarios de compra y venta de vehículos usados. “Por ejemplo, un concesionario llamado Mi Automoto, el cual tenía márgenes exagerados en ventas de carros. Tenemos el caso del concesionario La Venezolana, donde se presume hubo fraude en la venta de programas de vehículos”.
Añadió que se llevan a cabo en promedio ocho fiscalizaciones y 15 supervisiones diarias en los negocios de la región. “Todo, por supuesto, de acuerdo a las instrucciones que giré el Órgano Superior de la Defensa Popular de la Economía”, recalcó.