De nuevo se repite la historia en nuestra Patria. La burguesía y sus sectores políticos lejos de hacer algún tipo de análisis en frío que le permita ponderar de forma racional los recientes decretos con rango, valor y fuerza de Ley promulgados por el presidente Nicolás Maduro, asumen posturas propias a la defensa de sus intereses.
Esto da al traste con las posturas hipócritas que han venido asumiendo durante todo el año 2014, tratándose de disfrazar de “social” o “preocupada”, por los destinos de la población venezolana; un ejemplo de esto fue su cinismo demostrado ante los aumentos de salario al sector militar y al pueblo trabajador en general.
Por ejemplo, les ha dolido en el alma la reforma fiscal, que ha implicado tanto la reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, así como del Código Orgánico Tributario, con lo cual ya el sector económico poderoso no podrá evadir su responsabilidad impositiva amparándose en ajustes por inflación, que les lleven a declarar y pagar menos impuesto ante el Seniat.
Con ese mismo dolor, tanto “expertos” como abogados se fueron al Tribunal Supremo de Justicia, sin medir ni pensar esa jugada política, para impugnar el contenido de estas leyes, entre otras, por considerar una supuesta violación de los derechos constitucionales que bien podría estimarse como un amparo para sectores cuyas ansias de ganancia a cualquier costo son cada vez mas insaciables.
Sin embargo, en su análisis, no dicen ni una palabra de la Ley para la Juventud Productiva, que invita a millones de venezolanos entre 15 y 30 años de edad a incorporarse en la batalla social y en el desarrollo del nuevo modelo económico productivo nacional.
No afirman nada sobre la ley que impulsa el desarrollo de Zonas Económicas Especiales que territorializa -en áreas específicas- un conjunto de medidas para incentivar el desarrollo nacional, sumado a la reforma de la Ley Orgánica de Turismo que procura profundizar la inversión en esta materia.
Para nada miraron la Ley Orgánica del Sistema de Misiones y Grandes Misiones o el decreto de reorganización del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, para profundizar la calidad de atención en las Inspectorías del Trabajo, entre otros elementos; procurando la protección integral de venezolanas y venezolanos.
A cualquier persona le parecerá extraño, pero ya estos sectores asumieron la misma posición, cuando un tal Hugo Chávez promulgó 49 leyes, entre ellas la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos, lo que abrió paso al golpe de Estado del 11 de abril de 2002.