El Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) rechazó la decisión del Gobierno Nacional -avalada por el Parlamento- de declarar el estado de excepción en el municipio Atures del estado Amazonas.
La diputada Nirma Guarulla estimó que la medida no va a resolver los problemas, sino que por el contrario facilitará “que se siga maltratando con más frecuencia a nuestros pueblos”.
Aclaró que en Atures se encuentra ubicada la capital y lamentó la restricción de las garantías constitucionales, que -según dijo- se ha materializado “desde hace varias semanas” y afecta particularmente los derechos de los pueblos indígenas.
Guarulla recordó que Amazonas es un estado multiétnico y pluricultural, y ha sido “muy golpeado”. Comentó que para llegar a Atures “hay que pasar más de 10 alcabalas” y si el viajero lleva algún producto de la dieta básica presuntamente “se lo retienen”.
POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS
A su juicio, el municipio “está militarizado”, porque todo el control lo tiene la Fuerza Armada.
La legisladora refirió que, de acuerdo con el decreto del estado de excepción, se busca combatir la inseguridad, pero “el gobernador del estado ha planteado, igualmente que otras organizaciones indígenas”, la supuesta presencia de guerrilleros en la entidad. Sin embargo “esto no se ha tomado en consideración”.
Aseguró, por otra parte, que el control de la alimentación y del combustible está en manos del Gobierno Nacional. Afirmó que habría que revisar “quiénes están haciendo el contrabando”.
Para la dirigente opositora, el estado de excepción sería “una medida política electoral”, que se toma “porque se aproximan unas elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre”. Señaló que sería “una manera de crearle a la población el miedo a salir, el miedo a reunirse, el miedo a hacer cualquier campaña o el miedo de salir a votar el día de las elecciones”.
A las instituciones vinculadas con los derechos humanos les pidió estar “pendientes de esta situación”, porque en Amazonas “nuestros pueblos indígenas son los que tienen la mayor situación de maltrato”.
Guarulla explicó que pudo exponer la situación en la Asamblea Nacional y solicitar la creación de una comisión para evaluar las estrategias contra la inseguridad “y eso no se tomó en consideración”.
Enfatizó que diversos factores han denunciado los problemas de minería y del contrabando, pero “las instituciones no han tomado en cuenta eso”.