José Luis Pirela, directivo del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), afirmó que “el Gobierno debe paralizar aquellos convenios que ocasionan pérdidas para la República, como es el caso de Petrocaribe, que pasó de 14.600 millones de dólares en 2011 a más de 20.000 millones de dólares en 2014, mientras que del 2015 no se sabe nada porque es una caja negra”.
A juicio de Pirela “Petrocaribe y el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) no son más que la ampliación del pacto de San José, suscrito por Venezuela en noviembre de 1969, que consiste en la venta de combustibles para aviones, vehículos, plantas y termoeléctricas”.
Insistió en que este mecanismo beneficia a los gobiernos de Guyana, Jamaica, Surinam, Ecuador, Cuba y República Dominicana “mientras el pueblo no disfruta de estos descuentos, debido a que sus gobiernos le venden el combustible con precios mayores que el que Estados Unidos fija a sus consumidores”.
DEUDAS REBAJADAS
Pirela explicó que Pdvsa le vendió a Jamaica un monto de la deuda de esa nación caribeña por Petroxaribe de US$ 2.920 millones por apenas US$ 1.500 millones, lo que implica que Pdvsa aplicó una rebaja del 48,6% a la deuda, similar al que aplicó a República Dominicana a principios de año, cuando recibió unos $ 2 mil millones por una deuda de aproximadamente $ 4 mil millones.
“Condenamos los descuentos y condonación de la deuda petrolera por más de 4 mil millones de dólares a República Dominicana y Jamaica, es un exabrupto financiero que hipoteca el futuro de nuestros hijos. Un gobernante no puede decidir un aspecto de interés nacional tan importante sin ante ser debatido en la Asamblea Nacional”, dijo.
El MPV, que pertenece a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), denunció que presuntamente nuestro país debe afrontar acreencias por el orden de los 9 mil millones de dólares “como consecuencias de juicios internacionales ocasionados por acciones de reclamo por expropiación, contratos incumplidos”.
JUICIOS FALLIDOS
En una rueda de prensa, martes en la sede de la organización política MPV en Caracas, aseguró que lo elevado de este monto es consecuencia de que “en la mayoría de los casos el representante legal de la república no se hizo presente en el juicio”. Presuntamente, esto habría ocurrido “en el 83% de los casos contra Venezuela”, y señaló una supuesta “actitud negligente de la Procuraduría General de la República en cuanto a la defensa de los intereses de la República”.
Al término de esta edición intentamos confrontar esta aseveración de José Luis Pirela en torno a la actuación de la Procuraduría General de la República en los casos de demanda contra la nación, sin embargo, no fue posible tener una versión oficial sobre este asunto.