La política petrolera concebida por el comandante Hugo Chávez, continuada por el presidente Nicolás Maduro, y con el pleno respaldo de las diputadas y los diputados revolucionarios de la Asamblea Nacional, va en sentido contrario a la propuesta esgrimida en el “Acuerdo para la Transición” por la oposición, redactada realmente por las transnacionales petroleras.
Mientras la Revolución Bolivariana rescató a principios de siglo el precio del barril del petróleo, cumpliendo con la cuota de producción asignada por la OPEP, y dando el ejemplo al resto de integrantes de la organización, la oposición pide volver a romperla como en la década de los años 90, y hundir aún más el precio del barril.
Al llegar la Revolución la regalía en la Faja Petrolífera del Orinoco era de 1%, actualmente es de 30%, elemento clave en la captación de recursos para la inversión social.
La Faja Petrolífera del Orinoco estaba manejada por las Asociaciones Estratégicas, con mayoría accionaria extranjera, lo que cambio gracias al decreto del presidente Chávez de 2007 a 60% como mínimo en manos del Estado.
La exclusividad de los capitales de transnacionales petroleras occidentales ha sido ampliada a las inversiones rusas, chinas, latinoamericanas y de muchos países, como lo establece el IV Objetivo del plan de la patria.
El legado petrolero chavista es el enemigo de la oposición, pieza de las grandes corporaciones petroleras, que buscan desmontarlo, eliminar la fuente de recursos para la inversión social y entregar el país al FMI.
Uno de sus puntales es cambiar la Constitución Nacional, que garantiza el control del Estado sobre los hidrocarburos y prohíbe la privatización de la casa matriz de Pdvsa.
El 6 de diciembre se enfrentan dos modelos: el de las transnacionales, como parte del imperio estadounidense, y el nacionalista de la Revolución Bolivariana para bien de las grandes mayorías.