Sigue deuda con sanciones a culpables, recalca|Provea señala que sentencia de la CIDH se ha cumplido a medias

Rafael Uzcátegui, coordinador general, opinó que en la actual crisis el Gobierno ha tomado medidas que han puesto “la carga en las amplias mayorías, lo que podría afectar la capacidad adquisitiva de los venezolanos y en la depreciación del salario”.

Consideró que algunas medidas actuales guardan mucha similitud con el paquetazo de Carlos Andrés Pérez de 1989, que podrían ocasionar conflictividad social.

“Hay una situación de conflictividad social que se le intenta dar respuesta por los mensajes del presidente (Maduro) exclusivamente por la implementación de un paquete progresivo en materia económica”, declaró.

Desde la perspectiva de Provea, el Gobierno “debería construir una agenda social y de derechos que incluya lo económico, y que no sea lo económico que tenga algunos paliativos sociales”.

Manifestó que hay la necesidad de cubrir el déficit fiscal, mediante el aumento de los impuestos con el posible incremento de la gasolina.

A Provea le preocupa que la creación de zonas económicas especiales podría afectar los derechos laborales.

“Este año está enmarcado en una situación de conflictividad política y de crisis económica que podría tener un desenlace de conflictividad que ningún venezolano desea”, alertó.

Uzcátegui puntualizó que las situaciones históricas no se repiten, “pero nos preocupa que haya un creciente aumento de la conflictividad” que no sea manejada con mecanismos democráticos, “sino que se apele exclusivamente a los mecanismos disuasivos de corte represivo”.

Enfatizó que Provea apuesta por el diálogo “como un mecanismo democrático de resolución de conflictos”. Otro mecanismo sería el electoral: “En el caso de que el Gobierno tenga resultados adversos en las próximas elecciones debería tomarlo como un mensaje de la población para reforzar cosas positivas y revisar las contradicciones”.

SENTENCIA Y CARACAZO

En el caso del Caracazo recordó que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “que solo se ha cumplido en parte, específicamente con la reparación material a los afectados”.

Agregó: “A nuestro juicio, la parte más importante de la sentencia que es la investigación y la sanción a los autores materiales e intelectuales de las violaciones todavía está en deuda”.

Apuntó refirió que la fiscal Luisa Ortega Díaz es la presidenta de la comisión de la verdad, pero en su opinión aún no hay resultados concretos.

Dijo que en las reuniones que han sostenido con la fiscal le han manifestado que tiene una responsabilidad “en hacer públicas las gestiones que ha hecho la comisión de la verdad en las investigaciones; hay que acelerar ese proceso porque la impunidad todavía se mantiene”.

Uzcátegui solicitó que se revise la medida mediante la cual Venezuela se salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “porque este tipo de fechas recuerdan lo importante de contar con ese mecanismo para supervisar la vigencia de los derechos humanos en Venezuela”.

Uzcátegui señaló que en la sentencia se dan recomendaciones sobre cómo se debe regular el orden público en situaciones de conmoción nacional o estados de excepción: “El texto reseña que por un periodo limitado de tiempo solamente se puede facultar a la Fuerza Armada en caso de que se decretara un estado de emergencia o un estado de excepción”.

Consideró como muy positiva la designación de Tareck William Saab como Defensor del Pueblo: “Ha tenido una actitud diamentralmente diferente a la anterior defensora, con respecto a la necesidad de escuchar a todos los sectores, de reunirse con todas las organizaciones”.

Refirió que Saab sostuvo un primer encuentro este año con 100 ONG de derechos humanos, donde se decidió instalar unas mesas de trabajo: “Esperamos que podamos avanzar en una agenda de trabajo conjunta”.

En cuanto a la Fiscalía, dijo que el año pasado hubo dos reuniones para abordar el tema de las protestas: “Se abrió una ventana de diálogo. Esperamos que esa apertura se mantenga este año y que avance hacia la construcción de una agenda de trabajo conjunta”.

Sobre la Resolución 8.610 del Ministerio de la Defensa que regula la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las manifestaciones, dijo que el “principal problema” de esta normativa “es que faculta a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

Aunque cree que tiene aspectos positivos, indicó que debe especificar que solo la Guardia Nacional debe actuar en las protestas.

Recordó que durante el Caracazo intervino el ejército y reiteró que la FANB “no está entrenada para este tipo de labores de orden público, y genera un costo muy alto”.

Sobre el estallido social de 1989 indicó que la mayor cantidad de denuncias sobre violación al derecho a la vida no se relacionaron con los saqueos, sino “con sucesos ocurridos durante el toque de queda, en donde había disparos indiscriminados contra edificios”.

Informó que Provea está redactando un recurso de inconstitucionalidad contra la Resolución 8.610 donde apelamos al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

También guarda sus reservas en torno al sistema popular de protección para la paz “que obliga a todas las personas que trabajen en empresas públicas y privadas, y a personas beneficiadas por las misiones, a participar en labores de inteligencia de Estado”.

Añadió: “Eso nos parece muy preocupante. Estamos pidiendo al presidente Maduro que revise”.

A su juicio, puede afectar los derechos humanos.

COMUNICADO

La semana pasada Provea publicó en su página web el documento El paquete de CAP es aplicado 26 años después por Nicolás Maduro.

En el texto se señala “que con el presidente Nicolás Maduro estamos registrando importantes retrocesos en materia de derechos sociales. La progresiva implementación de un paquete de medidas económicas para enfrentar la caída de los ingresos petroleros y el déficit fiscal, han estado dirigidas más a imponer cargas sobre la calidad de vida de las y los trabajadores que a atender las causas estructurales de la crisis y brindar soluciones con respecto a los derechos humanos y garantizando la plena realización de estos”.

Indicó el comunicado “que este paquete de medidas guarda mucha similitud con las aplicadas en 1989 por el expresidente Carlos Andrés Pérez y que se tradujeron en un acelerado crecimiento de la pobreza, la exclusión social y la conflictividad en el país durante los años 90”.

La organización precisó que las medidas del Gobierno de Maduro que pudiesen provocar protestas son la devaluación de la moneda, aumento de tarifas de servicios públicos y el posible aumento de la gasolina.

Agrega: “En 1989 Provea advirtió que el paquete económico de CAP violaría por sus efectos, a corto y mediano plazo, los derechos humanos de las grandes mayorías nacionales y acentuaría la pobreza y la exclusión social. Veintiséis años después las consecuencias de aplicar medidas de ajuste similares y seguir descargando el peso de la crisis en la ciudadanía son nuevamente previsibles: un aumento acelerado de la pobreza, deterioro de la calidad de vida y más privaciones y penurias para los más pobres”.

LOGROS DE CHÁVEZ

Uzcátegui recordó que Provea “tuvo muchas expectativas con el triunfo del presidente Chávez”.

“Las diferentes políticas sociales que el presidente Chávez implementó fueron saludadas por Provea, aunque consideraba que no eran sostenibles a largo plazo por la dependencia de altos ingresos petroleros que había para ese momento”.

También critica que las misiones no se relacionan con las políticas tradicionales: Por ejemplo, la Misión Barrio Adentro nosotros felicitamos su aparición, pero nos preocupa que no se coordinara con el sistema hospitalario tradicional”.

Comentó que en cada uno de los informes reconocieron los avances positivos que se dieron durante la gestión del presidente Chávez en cuanto a la reducción de la pobreza “que para Provea es una de las más importantes violaciones a los derechos humanos”.

Cuando Provea hizo un balance de los años de gestión del presidente Chávez verificó “que había inclusión social, pero había una situación de exclusión política debido a la situación de conflictividad y de discriminación. A su criterio “ese mismo balance no lo podemos hacer ahora. Permanece la situación de exclusión política, pero con mucha preocupación estamos viendo que hay estancamiento en el sector social”.

LEA TAMBIÉN: El “sacudón” dejó al descubierto las desigualdades sociales

LEA TAMBIÉN: El sacudón develó “la crisis social que existía en el país”

LEA TAMBIÉN: Familiares no pierden la esperanza de encontrar los cuerpos de sus seres queridos

T/ Janet Queffelec Padrón
F/ José Luis Díaz