Tras realizar 5.087 inspecciones a 1.566 establecimientos, de la red pública y privada, de distribución de alimentos y bienes prioritarios en todo el país, la Defensoría del Pueblo (DP) constató la existencia de bandas organizadas dedicadas al delito de reventa de productos de la cesta básica o regulados, el llamado bachaqueo.
Frente a la presencia de estos grupos delictivos, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, exigió este martes que se aplique todo el peso de la ley para defender el derecho de la población al acceso a bienes de primera necesidad.
«Se han detectado muchos ilícitos, donde pudiera haber complicidad de algunos funcionarios o no, personas vinculadas a la empresa privada, aquí tiene que actuar el sistema de justicia con mucha fuerza, para desmantelar estos grupos que obviamente ya están filmados, se ha visto como actúan, y que se le aplique todo el peso de la ley», expresó Saab al término de una reunión con el superintendente de Precios Justos, William Contreras, realizada en la sede de la DP, en Caracas.
Saab explicó que la DP constató que estas bandas organizadas con personas dedicadas al bachaqueo «actúan a veces de manera violenta contra los usuarios», venden puestos en las colas y propician el marcaje y las listas, entre otras conductas delictivas.
Para contrarrestar el accionar de estos grupos, la DP hizo una serie de propuestas, entre ellas fortalecer la supervisión del proceso de formación de las colas y el uso de las captahuellas (sistema de identificación biométrica); no permitir el marcaje de las personas, y evitar la creación cualquier tipo de lista, porque «esto forma parte de lo que han tecnificado estas bandas organizadas, las listas muchas veces las hacen ellos, tal vez con complicidad con empleados de los establecimientos».
La Defensoría del Pueblo sugirió aumentar los mecanismos de supervisión y otras medidas para afrontar diversas irregularidades que fueron diagnosticadas. De este modo, planteó la necesidad de establecer un criterio único para la venta de artículos como pañales y leche de fórmula, para acabar con la actual dispersión en esta materia.
Asimismo, propuso activar un plan especial que permita superar la insuficiencia de funcionarios de seguridad ciudadana para resguardar a las personas en las colas; y llamó a evitar la falta de información sobre los productos regulados disponibles, y la venta condicionada de estos últimos por parte de los dueños de los comercios, que obligan a hacer otras compras para poder despacharlos.
Saab señaló que otra de las prácticas denunciadas por la DP es la «inoperatividad de los puntos de venta, que sólo permite la compra en efectivo», refirió el defensor. «Eso no puede ser, porque una empresa que tiene experiencia, una cadena de abastos tan grande no va a tener, por favor, puntos de venta, creemos que eso pudiera ser adrede».
Un problema puntual, que la Defensoría tratará con el Saime para ayudar a solventarlo, dijo Saab, es la situación de las personas con estatus o en proceso de solicitud de refugio, que al no tener cédula se les ha imposibilitado la compra.