La representante del Movimiento de Responsabilidad Social, Rosario Pacheco, destacó este martes que la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a la televisora Globovisión demuestra que “en Venezuela existe un Estado de derecho y justicia que no se rige por el chantaje”
Pacheco reiteró que la multa que asciende los 9 millones de bolívares se le aplicó a la empresa de telecomunicación privada por incurrir en la utilización de imágenes para crear un clima de zozobra en la población privada de libertad y familiares, en referencia a la situación que se presentó en El Rodeo I y II, en junio de este año.
“La Consultoría Jurídica de Conatel determinó que se repitieron las imágenes 269 veces en 4 días (…) Aquí hay una situación especial con rehenes de casi mil personas, hay un estado de peligrosidad, el medio en vez de colaborar para solucionar el problema se prestó para delinquir y crear un clima de zozobra”, apuntó Pacheco.
Asimismo, señaló que Globovisión utilizó de manera extemporánea las imágenes con intenciones de alterar el orden público. “Había evidencia de la fabricación de un hecho para alterar el orden público”, precisó.
Por su parte, el representante de los Comités de Usuarios y Usuarias, Pedro Prieto, afirmó que durante el análisis del acontecimiento en el referido centro penitenciario se evaluaron todas las pruebas necesarias para determinar la sanción a esta televisora.
Prieto recordó que esta ha sido la primera multa que se le aplica a Globovisión, a pesar de las declaraciones y comentarios de voceros políticos y representantes de la empresa.
El Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), como órgano autónomo y luego de una ponderación jurídica, objetiva e imparcial, sancionó a la televisora Globovisión por el comportamiento editorial malintencionado durante la cobertura y transmisión de las informaciones generadas en los centros penitenciarios Rodeo I y II en junio de 2011.
Pedro Maldonado, director general de Conatel, detalló que la multa asciende al 7,5% de los ingresos brutos percibidos durante el ejercicio fiscal 2010, lo que significa Bs. 9 millones 300 mil. Además, afirmó que han sido cumplidas todas las garantías del derecho a la defensa y al debido proceso que le asiste al prestador de servicio.