Cientos de personas, convocados por 27 organizaciones en defensa de la sexodiversidad, tomaron Caracas este domingo para pedir una vez más la ampliación y reivindicación de sus derechos.
La marcha, la décimo tercera de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) en el país, se hizo en esta oportunidad bajo el lema: “Miles de caras, un motivo”.
Como de costumbre, la movilización partió del Parque Miranda, donde personas provenientes de los 23 estados del país y el Distrito Capital se concentraron a lo largo de la avenida Francisco de Miranda.
Por esa avenida, agarrados de manos y regalándose besos hombres con hombres y mujeres con mujeres, marcharon hasta Chacaíto, donde luego siguieron por la avenida Francisco Solano para culminar en Zona Rental, donde una gran tarima les esperaba para culminar la movilización con una gran discoteca al aire libre.
Una inmensa bandera multicolor abría paso a la doble de Celia Cruz, La Novia de Blanco, La Tigresa, La Llanera, las garotas y demás marchantes, identidades que destacan en estas movilizaciones.
Entre la numerosa marcha se leían, en todo tipo de pancartas, franelas, banderas, chapas mensajes como: “Gustos distintos, igualdad de derechos”, “Tengo derechos como tú, soltera por discriminación”, “Zona libre de discriminación”, “Orgullo LGBT, 13 años de lucha y revolución”, “Matrimonio igualitario ya”, entre otros.
Para movilizarse, desafiaron algunas autoridades municipales, puesto que las alcaldías de Sucre y Chacao no les otorgaron los permisos para transitar por las calles de estos municipios, como denunció Ingrid Barón, representante de Base Lésbica Fundación.
Barón, fue una de las primeras voceras en hablar a la multitud en la tarima de Zona Rental, lo hizo luego de la presentación de un grupo folclórico del estado Barinas. La activista hizo énfasis en la “bandera de inclusión” que elevó la Revolución Bolivariana al movimiento sexodiverso, al darle visibilidad; pero recordó que la lucha por los derechos apenas comienza.
La luchadora, en otras oportunidades, ha mencionado algunos instrumentos legales establecidos durante los últimos años para la reivindicación de derechos a la comunidad LGBTI como la Ley Orgánica de Registro Civil de 2010 y la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que parten del principio establecido en el artículo 21 de la Constitución Bolivariana: “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general tengan, por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.
DOCUMENTOS A LOS PODERES PÚBLICOS
Gabriel Silva, representante del Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual y vicepresidente de la Asociación Civil Orgullo LGBT Venezuela, informó que previo a la marcha, el movimiento entregó a varios poderes públicos algunas peticiones.
El viernes 28 de junio, justamente en el Día Internacional de la Sexodiversidad o comúnmente conocido como el Día del Orgullo LGBTI, estas 27 organizaciones consignaron peticiones ante la Asamblea Nacional (AN), la vicepresidencia Ejecutiva de la República y la Fiscalía General de la República.
Ante el poder legislativo, el documento fue entregado al presidente de la AN, Diosdado Cabello, “donde le pedíamos que se hicieran unas mesas técnicas para legislar” en materia de derechos LGBTI, preció Silva. Además pidieron hacer seguimiento a las solicitudes hechas previamente.
Recordó que en el año 2010 entregamos una propuesta de ley, que incluía “el cambio de nombre de las personas transexuales, el derecho patrimonial, el matrimonio igualitario”. Precisó que el objetivo era poner los temas para comenzar el debate público.
Entretanto, en el documento entregado a la Vicepresidencia, se presentó una propuesta para “crear una comisión presidencial para que se empiecen a construir políticas públicas desde el Ejecutivo hacia la sexo diversidad”; además, para realizar un trabajo a nivel nacional, indicó Silva.
“El último documento que entregamos fue a la fiscal general de la República, en donde le solicitamos la creación de una oficina que atienda los casos de violencia por crímenes de odio” y discriminación.