La mayoría de las personas que recurren a instancias internacionales no es porque se les ha negado el acceso a la justicia en Venezuela, sino porque desean que el dictamen responda a sus aspiraciones, expresó este miércoles la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales.
«La mayoría de los casos no han sido porque se le han violado sus derechos, sino porque en muchas oportunidades no han agotado las vías internas y en otros casos han agotado las vías internas, pero no han estado conformes con las respuestas que han recibido de los tribunales venezolanos», aclaró Molares luego de la instalación del congreso internacional realizado para celebrar el décimo aniversario de la Sala Constitucional del TSJ.
En sentido, afirmó que la Sala Constitucional, que desde el año 2000 hasta la fecha ha dictado más de 31.000 sentencias, es «capaz de dar respuesta a todos los problemas de naturaleza supra-legal (ejecución de la Constitución)».
Una de esas decisiones fue declarar inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Leopoldo López, quien fue inhabilitado por la Contraloría General de la República por malversar fondos públicos cuando se desempeñó como analista del entorno nacional en la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y durante su gestión como alcalde del municipio Chacao, estado Miranda.
«El magistrado, de una manera didáctica, ha señalado y ha explicado cuál es el papel o la ubicación real de los tratados internacionales dentro de la legislación (venezolana) las cuales tienen rango constitucional», dijo Morales al tiempo que resaltó la existencia de dos salvedades para su aplicación.
Una de ellas es la garantía de que lo establecido en la Constitución Bolivariana es superior a lo contemplado en estos tratados y convenios internacionales.
«En muchas oportunidades la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha superado con creces los conceptos, los criterios y la progresividad de los derechos que están planteados en algunos tratados«, dijo.
En segundo lugar, añadió, que «no son supraconstitucionales, es decir que no están por encima de la Constitución sino que deben adecuarse también al desarrollo constitucional venezolano».