El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó categóricamente el reciente Comunicado de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato del secretario general de Acción Democrática (AD) en el estado Guárico, Luis Díaz, hecho ocurrido el pasado 25 de noviembre, por prejuzgar de manera irresponsable y tendenciosa un crimen que está en proceso de investigación.
«La CIDH una vez más fundamenta sus declaraciones en información parcializada emanada de medios de comunicación y redes sociales dirigidas a desestabilizar el Gobierno Bolivariano y la institucionalidad democrática venezolana, sin solicitar información al Estado venezolano previo al pronunciamiento», refiere el texto de la Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La misiva señala que no es coincidencia que la interpretación arbitraria y maliciosa de la CIDH se emita en vísperas de las elecciones legislativas, que se llevarán a cabo este domingo. «Este Comunicado evidencia la estrategia de sectores y actores nacionales e internacionales dirigida a desconocer el resultado de las elecciones y generar un clima de zozobra y violencia en la población venezolana», añade el documento.
«La información presentada en el Comunicado distorsiona la realidad de los hechos y dista mucho de la misión de un órgano de promoción, protección y defensa de los derechos humanos», agrega, al tiempo que indica que el Estado venezolano, apegado a su Constitución y a los estándares internacionales, está realizando las acciones necesarias para investigar, procesar y sancionar a los responsables del asesinato de Díaz, cuyas investigaciones indican que fue producto de un enfrentamiento entre bandas criminales.
Luis Díaz, quien fungía desde hacía dos meses como secretario general de AD en Altagracia de Orituco, estado Guárico, recibió impactos de bala, cerca de las 7:30 de la noche del miércoles 25 de noviembre, detrás de una tarima de un acto de campaña de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en el que se encontraba como guardaespaldas de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir.
Díaz era miembro de un banda delictiva denominada Los Plateados y tenía nexos con mafias sindicales de construcción en Guárico, cuyo poder disputaba con el alcalde del municipio Chaguaramas, Giovanni Salazar, militante de Voluntad Popular, quien además ha sido señalado de pertenecer a una «banda de un peligroso paramilitar apodado El Juvenal».