El Viceministerio del Sistema Integrado de Policía —Visipol— ya auditó los parques de armas y salas de evidencias de 125 cuerpos policiales en todo el país, con el propósito de verificar las condiciones de seguridad y resguardo de las armas y municiones que están bajo la responsabilidad de estos órganos de seguridad.
Tal como lo informó la comisión desarme en un boletín de prensa, con esta labor, se da cumplimiento a dos resoluciones conjuntas de los ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y para la Defensa, publicadas en Gaceta Oficial Número 39.928 del 23 de mayo, que buscan evitar la desviación de las armas que están en manos de funcionarios policiales a circuitos ilegales.
El viceministro para el Sistema Integrado de Policía, Edgar Barrientos, quien tiene la responsabilidad de organizar y ejecutar la aplicación de estas auditorías, informó que el trabajo está en su etapa final y solamente falta supervisar 19 órganos de policía, tarea que finalizará durante este mes de agosto.
Los resultados parciales de esta supervisión indican que los 125 cuerpos policiales auditados tienen registradas 71.007 armas orgánicas y 2.203.022 municiones.
Barrientos explicó que 22 cuerpos policiales fueron reportados al Ministerio Público por fallas en la cadena de custodia de las armas que han sido incautadas y decomisadas en distintos operativos de seguridad. También señaló que 24 órganos poseen armas que no se ajustan a los estándares de uso y equipamiento policial.
El Viceministro explicó que el trabajo del Visipol busca “dejar bien organizados los parques de armas y las salas de evidencia, lo que traerá beneficios a cada institución policial, pero también para la comunidad, porque con más controles evitaremos que estas armas caigan en manos de delincuentes en las calles”.
De acuerdo con Barrientos, un problema general en la mayoría de los cuerpos policiales es la ausencia de medidas de seguridad para resguardar las armas en salas de evidencia y parque de armas.
La adaptación a las normas de control de armas y municiones es también responsabilidad de los alcaldes, gobernadores y directores de los cuerpos policiales. Advirtió que las faññas más graves deben resolverse “en un plazo de cinco días” luego de la visita de la auditora o el auditor.