Con el inicio de 2017 se cumplieron 41 años del acto en el que el entonces presidente Carlos Andrés Pérez proclamara la entrada en vigencia de la Ley que reservaba para el Estado venezolano la industria y el comercio de los hidrocarburos.
El acto se llevó a cabo en la costa oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, en el lugar en el que, desde 1914 y hasta la fecha, aun se encuentra produciendo el pozo Zumaque I.
El camino para llegar a esa decisión fue largo y tortuoso, pues a la llegada de los grandes capitales ingleses, holandeses y estadounidenses, Venezuela, ni por asomo, estaba preparada para lo que sucedió en muy pocos años: su inserción en la mas estratégica de todas las actividades del comercio internacional, situación que se hizo aun mas evidente con el estallido y desarrollo de la II Guerra Mundial.
Cuando arribaron las grandes compañías petroleras, nuestro país era rural y muy poco poblado. Arrastraba, además, las heridas económicas, sociales, políticas y económicas de 100 años de guerras, alzamientos y montoneras.
Los ejecutivos de tales empresas se entendieron, en primer lugar, con el general Juan Vicente Gómez y sus familiares mas cercanos y con la élite giraba a su alrededor. Las grandes concesiones se otorgaron inicialmente a estos venezolanos, para que luego se las vendieran a los “musius”.
Así, bajo la sobra del gomecismo, nacieron o se incrementaron algunas de las viejas fortunas criollas. Y en cuanto a las leyes que se elaboraron sobre el sector del oro negro, vale decir que en ocasiones fueron redactadas, supervisadas o vetadas por los abogados de las empresas foráneas.
Algo así vino a suceder muchos años después cuando a finales de 1973 los presidentes de la angloholandesa Shell de Venezuela y de la Creole Petroleum Corporation dieran el visto bueno a la nacionalización de la industria petrolera en nuestro país. Terminaba el primer gobierno del presidente Rafael Caldera y comenzaba el primer periodo de Pérez.
La Ley de Nacionalización -como fue conocida por la opinión pública- finalmente aprobada por el Congreso Nacional, en esos años dominado por Acción Democrática y Copei, reflejó ese pecado original: nació con la bendición de las concesionarias. Y así en ese aparente texto soberanista, se dejó espacio suficiente para casi inmediatamente se colaran los intereses transnacionales que poco a poco y al cabo de una década dieron forma a la Apertura Petrolera, experimento neoliberal que casi logra concretar la privatización de Pdvsa.