El presidente de Nicaragua Daniel Ortega, anunció este viernes que denunciará a Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la construcción de una obra en la zona de amortiguación del río fronterizo San Juan, que ha causado grandes daños al caudal.
Durante un encuentro con la Comandancia del Ejército de Nicaragua, el dignatario aseveró que su Gobierno posee pruebas documentales sobre serios daños provocados al Río San Juan por una carretera que Costa Rica construye paralela a la ribera de este cuerpo de agua.
En este sentido, precisó que estas evidencias serán presentadas ante la CIJ de La Haya y también en la Comisión Ramsar (Convención Internacional para los Humedales), a fin de que este organismo envíe una misión al país para evaluar las afectaciones.
“Si bien Costa Rica tiene derecho a construir la carretera, no tiene derecho a afectar el río, y hay pruebas evidentes que están ya documentadas por parte de las instituciones del Estado nicaragüense”, afirmó Ortega.
El mandatario dijo que Costa Rica debió haberle comunicado a Nicaragua la decisión de construir una vía de este tipo, pues al ser esta una obra paralela al río, “indiscutiblemente impactará en toda la zona cuando comience a ser devastada por las labores constructivas”.
Asimismo, agregó que “nos preocupa seriamente, y nos gustaría que Costa Rica hubiese buscado otra vía para la comunicación”.
Según Ortega, la idea de documentar al máximo los daños partió del equipo nicaragüense en La Haya, pues “estaba claro que Costa Rica no detendría la obra”.
El jefe del Estado nicaragüense calificó las afectaciones como un “verdadero crimen contra la naturaleza”, y afirmó que su gobierno esperará un pronunciamiento por parte de ambos organismos internacionales,
“Y en el caso de Ramsar además el envío de una misión para evaluar los daños”, añadió.
Nicaragua y Costa Rica se encuentran en disputa por este caudal fronterizo desde octubre de 2010, luego que Costa Rica acusó a Nicaragua de provocar “daños” ambientales a su territorio por las obras de dragado en el río San Juan.
El Gobierno de Laura Chinchilla también condenó la supuesta incursión de militares en una violación a su soberanía, afirmación que Managua siempre negó.
Actualmente, el conflicto binacional está en manos de la CIJ, que en marzo pasado dictó una serie de medidas cautelares, entre las que ninguno de los países debe tener presencia militar ni civil en la zona en disputa.
No obstante, un grupo de expertos ambientalistas costarricenses que tenían un previo acuerdo con Managua y Ramsar sí pueden entrar al territorio para realizar labores de protección ambiental en la zona.