La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en sesión extraordinaria y por amplia mayoría la nacionalización de dos empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica.
Mediante la ‘Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de la energía eléctrica a la población nicaragüense’, pasarán a la administración del Estado las empresas Disnorte y Dissur, en las cuales figura como accionista principal le compañía TSK Melfosur Internacional, S.A.
El diputado Edwin Castro, coordinador de la bancada mayoritaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al argumentar el voto de ese grupo parlamentario a favor de la iniciativa expuso como el gobierno del presidente Daniel Ortega puede trabajar en medio de la pandemia y tras dos poderosos huracanes a favor de la población.
Castro se refirió de esa forma al anuncio la semana anterior de la reducción de un 12,5 por ciento promedio de la tarifa eléctrica, la cual viene a sumarse a otra rebaja del cuatro por ciento a mediados de este año.
Eso es posible porque se piensa en Nicaragua, en el pueblo, y no en los intereses económicos de grupos oligárquicos, resaltó y la presente ley está en esa misma tónica.
Destacó que el país centroamericano cerrará 2020 con una cobertura eléctrica del 98,5 por ciento en todo su territorio, por encima de la meta (98,42) fijada para estos 12 meses.
La legisladora Jenny Martínez, de la propia bancada rojinegra, afirmó que la iniciativa legal aprobada marca una pauta en la historia del sector energético nicaragüense: «Estamos realizando un acto de defensa de nuestra soberanía al restituirles un derecho fundamental a las familias nicaragüenses».
Aunque explicó que por otras razones votaría en contra del proyecto, el diputado Maximino Rodríguez, del opositor Partido Liberal Constitucionalista, reconoció que (a fines de los años 90) organismos internacionales le impusieron a Nicaragua una agenda de privatizar los servicios básicos, como el de la electricidad.
En aquellas circunstancias y a tenor con un supuesto empeño de modernización del Estado las dos compañías distribuidoras fueron vendidas al grupo empresarial español entonces denominado Unión Fenosa.
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