¿Es culpa de la Ley Orgánica del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) que haya adolescentes trasgresores de la ley? ¿Es la solución aprobar sanciones más severas contra las y los jóvenes? La socióloga e investigadora Carla Serrano, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), considera que no, y critica la reforma parcial que se publicó en junio de este año en Gaceta Oficial, que incluyó un nuevo régimen penal para los adolescentes mayores de 14 años.
En conversación con el Correo del Orinoco, Serrano -dedicada a la investigación en el área de los derechos de niñas, niños y adolescentes- defiende la doctrina de la protección integral que alimentó la Lopnna en los años 90. “En ese momento logramos un proceso de adecuación interna de nuestra legislación con respecto a la Convención de los Derechos del Niño, y eso es realmente un hito en la historia de la cultura jurídica de nuestro país”, señala.
El país venía, recuerda, de la Ley Tutelar de Menores, y tardó varios años en procesar lo que implicaba la Convención y actuar en consecuencia.
A la Lopnna no le ha tocado fácil, analiza la investigadora, porque el mismo año de su aprobación ya había iniciativas para reformarla. En 2007 “sufrió una reforma en lo administrativo” y recientemente “acaba de sufrir otra reforma en junio de 2015 en la parte penal de responsabilidad del adolescente”.
Aun cuando recalca que ninguna ley es intocable, subraya que las reformas que se han concretado “no tienen de base un diagnóstico”. Se ha tratado, agrega, “de reformas sin diagnóstico, lo cual para nosotros es como una reforma a ciegas, porque la verdad es que no sabemos para dónde apuntan”.
DEBILITAR
En su criterio el proceso de esta última modificación tampoco ha sido claro, porque en 2013 comenzaron las discusiones, se aprobó en primera discusión la reforma, se produjo la segunda discusión en 2014 y “transcurrieron prácticamente 10 meses” hasta la publicación en Gaceta Oficial.
La modificación reciente en la parte penal de adolescentes “nos tiene realmente muy alarmados” porque, de seguir por esta ruta, “vamos a terminar de debilitar y vamos a terminar de desmontar lo que nos costó tanto esfuerzo cuando creamos la ley”.
Serrano aseveró que estas reformas “en sentido amplio no respetan los principios de la doctrina de la protección integral”, lo cual “nos parece que es una amenaza, nos parece que es preocupante”.
En respuesta, acota, “se introdujo ante el TSJ un recurso de nulidad parcial de la ley”.
CONSECUENCIAS
Al analizar el texto, la experta comenta que se plantean “los nuevos integrantes del sistema de responsabilidad penal del adolescente”, con lo que se “repite el error que en nuestra perspectiva ocurrió con la reforma administrativa”, ya que no queda claro quién hace qué cosas.
“No está clara cómo es la articulación, no está claro cómo es la tarea, no está claro cómo es la labor. Y si algo tenemos claro los que trabajamos los temas de infancia es que la justicia juvenil tiene sus antecedentes en un sistema de protección”, evalúa.
Es decir, “aquello que no atajamos antes, que no lo trabajamos de manera preventiva” se traduce en trasgresiones, advierte.
-¿No queda claro en este caso qué le toca a cada quién?
-No queda claro en la reforma quién es el órgano rector, quién da las líneas, quién diseña las políticas públicas en materia de justicia juvenil, cómo se van a coordinar las acciones. En nuestra perspectiva estamos peligrosamente volviendo a mezclar víctimas con victimarios.
-¿Por qué?
-Antes teníamos el INAM (Instituto Nacional del Menor), que de manera indiferenciada trabajaba en los procedimientos, en las instituciones; de manera indiferenciada trabajaba víctimas con victimarios. Con la Lopnna y con el nuevo diseño que se propuso teníamos claro qué hacía cada quién: los procedimientos, el personal, los programas, la gente, todos especializados para cada área.
Ahora, sostiene, se mezcla el sistema de protección con el Ministerio del Servicio Penitenciario y otras instituciones, “pero allí no se dice quién va a hacer qué”.
-¿Qué podría suceder?
-Tememos que se repita con la reforma penal lo que ya hemos vivido, lo que estamos viviendo en carne propia con la reforma administrativa. Lo justo, lo correcto, lo adecuado hubiese sido hacer un balance, hacer un diagnóstico, medir qué está pasando.
Serrano recalca que cuando la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes solicitó información sobre los adolescentes en conflicto con la ley -para la elaboración de un informe que sería presentado ante organismos internacionales. solo obtuvo por respuesta “silencio administrativo”. Tampoco hay data publicada, cuestiona.
Y esto ocurre, tal como lo expone, mientras “estamos viviendo momentos terribles en temas de inseguridad ciudadana, estamos viviendo momentos terribles en temas de violencia”.
POLÍTICAS PÚBLICAS
“Creo”, manifiesta, “que hay deudas estructurales del sistema que no las hemos saldado y que esta reforma no las va a resolver, porque simplemente no hemos atendido cosas de base fundamentales”.
Ahora, estima Serrano, “no tenemos una política pública en materia de infancia, en materia de protección” y tampoco “tenemos clara la política en materia de justicia juvenil. ¿Y entonces cómo nos organizamos?”.