Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) intentan dividir al movimiento de solidaridad, informó el diario La Jornada.
Bajo el título Ayotzinapa: justicia extraviada, aborda el editorial la desaparición forzada de los 43 estudiantes, a pocos días de cumplirse 11 meses de los hechos de Iguala, en el estado de Guerrero.
Indica que en la presentación de su quinto informe mensual de labores, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) informaron acerca de las investigaciones.
Dieron a conocer que las autoridades nacionales «les han impedido entrevistarse con los militares que estuvieron en esa ciudad guerrerense en el momento de la agresión contra los estudiantes».
Añadieron que en el curso de la investigación desaparecieron importantes pruebas videograbadas que podían ser útiles en el esclarecimiento de este trágico suceso.
El GIEI fue creado a principios de este año por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano y los familiares de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en el municipio de Iguala entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Agrega el editorial que «También ayer, padres de los 43 jóvenes desaparecidos acusaron a funcionarios de la PGR de intentar dividir al movimiento de solidaridad con las víctimas».
De igual forma «señalaron que el gobierno no ha cumplido ninguna de las 10 acciones a las que se comprometió el presidente Enrique Peña Nieto en octubre de 2014 en la única reunión que ha sostenido con ellos».
Alude el texto al tiempo transcurrido y a que «los señalamientos de los expertos internacionales y de los familiares de las víctimas dejan en evidencia que aún no existe voluntad inequívoca de las autoridades para esclarecer lo que realmente ocurrió aquella noche».
Así como las responsabilidades por la autoría intelectual de la agresión y el destino de los normalistas ausentes, precisa.
Subraya que hasta la fecha el gobierno expone como verdad histórica la versión presentada en noviembre del 2014 por el entonces procurador federal, Jesús Murillo Karam, de que los 43 jóvenes fueron asesinados, incinerados y arrojados a un río en Cocula.
Se refiere asimismo a la captura del expresidente municipal de Iguala y de su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, quienes fueron señalados originalmente por la PGR como máximos responsables intelectuales de estos hechos.