La aprobación de un reglamento para las cárceles bolivianas pondrá fin a los grupos de poder existentes en las mismas, los cuales provocan, incluso, conflictos armados.
En esos términos se refirió el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, poco después de la aprobación del primer Reglamento General de Régimen Penitenciario, el cual establece las líneas a seguir en las prisiones y no solo con los reos sino también con los policías y los administradores de los referidos centros.
La firma de Romero al documento de marras estable un plazo de tres meses para que cada una de las cárceles elabore sus propios reglamentos, tomando siempre como base el de Régimen Penitenciario, cuyo objetivo fundamental es acabar con los grupos en los presidios.
La nueva medida incluye sanciones para los reclusos que cometan indisciplinas, y también para los vigilantes y funcionarios involucrados en acciones condenadas por el reglamento.
Según Romero, la nueva disposición acabará con la delincuencia organizada en las penitenciarías, sobre todo en aquellas donde hay más hacinamiento y grupos de convictos ejercen el poder y provocan riñas internas, que muchas veces terminan con la muerte de alguno de los reos.
El reglamento ya estaba listo, pero los sucesos del martes anterior en la prisión de San Pedro, en esta capital, aceleraron su firma por parte del ministro de Gobierno, quien admitió que en las cárceles bolivianas faltaban normativas.
«Los grupos organizados ejercen presión, ejercen poder, a veces incluso gestionan un recinto penitenciario. No es mala la participación de los internos en la gestión de una cárcel, pero esta puede distorsionarse cuando no existen las reglas de juego claras», manifestó entonces Romero.
Para el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, la nueva resolución persigue, sobre todo, la reinserción social de los condenados, para lo cual se necesita del trabajo de un grupo multidisciplinario compuesto por funcionarios de las prisiones y la policía.
Según Llanos, «la principal tarea del Estado es mejorar la vida de los internos, rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad al margen del delito por el cual ingresaron a esos recintos penitenciarios».
Al mismo tiempo, insistió en que el nuevo reglamento asigna actividades específicas a los funcionarios de la Dirección de Régimen Penitenciario, pero también sanciona el incumplimiento de éstas por parte de los reclusos y del personal encargado de realizar el manejo administrativo.
«Les da tareas a los funcionarios penitenciarios, sean abogados, psicólogos, trabajadores sociales u otros. Y no sólo les dice lo que tienen que hacer en los recintos, sino que también les obliga a que cumplan con su trabajo», aseguró Llano al diario Cambio.
Por el momento y según la nueva disposición en las cárceles se instalarán cámaras de seguridad para detectar violaciones y asegurar un mejor control de la situación en las mismas.
También se impide el uso de teléfonos celulares y establece la instalación de bloqueadores para evitar la salida o entrada de llamadas y prohíbe a las esposas de los reclusos y a los hijos mayores de seis años vivir en esos recintos.