Los paramilitares y las bandas criminales ya han causado cerca de una veintena de muertes en lo que va del año 2016. Además, se han registrado 332 amenazas.La penúltima víctima ha sido Klaus Zapata, a quien un grupo de sicarios asesinó el pasado domingo 13 de marzo, en Soacha, extrarradio de Bogotá, mientras practicaba deporte con otros jóvenes de la localidad. Zapata estudiaba último curso de Comunicación Social y era líder comunitario y fundador de una Escuela Itinerante de Derechos Humanos.
Al día siguiente, varios pistoleros mataron en El Bagre (región de Antioquia) a William Castillo, activista de derechos humanos y líder de la oposición a la minería ilegal en la región, que ocasiona graves desastres ecológicos.
Pocos días antes, desaparecía en Tibú (norte de la región de Santander) Henry Pérez, líder del Comité por la reparación colectiva a las víctimas de la zona. Según el Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, citado por el diario El Espectador, «Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa de los Derechos Humanos, sobre todo en áreas rurales».
La organización denuncia una deficiente protección del Estado y la falta de interés de la Fiscalía para investigar las amenazas y los crímenes perpetrados por los paramilitares, a los que las autoridades llaman «Bandas Criminales», para no darles un carácter político. El propio ejército es el segundo sospechoso de los atentados.
Como destaca uno de los más importantes líderes campesinos de Colombia, César Jerez, portavoz de las Zonas de Reserva Campesina, «existe un plan para perseguirnos y liquidarnos ante la pasividad del Gobierno, que siempre habla de casos aislados que nunca se investigan a fondo».
Durante el pasado año se produjeron 682 amenazas a defensores de los Derechos Humanos y según la oficina de Naciones Unidas 69 terminaron en asesinato. En 2014 los crímenes fueron 56. En los últimos cinco años se han producido más de 2.000 agresiones contra líderes sociales.
A estas cifras hay que añadir las amenazas y homicidios contra los campesinos que tratan de regresar a sus tierras expoliadas, acogidos a la Ley de Reparación y Restitución entre los seis millones de desplazados en Colombia en los últimos años, víctimas de caciques locales y líderes políticos corruptos que se sirven de ejércitos irregulares.
En el fondo de este escenario están las decenas de miles de desaparecidos que llenan los centenares de cementerios clandestinos esparcidos por todo el territorio colombiano. Christoph Harnisch, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, tiene registrados y en proceso de búsqueda 70.000 de estos casos, pero estima que van a ser bastantes más, una vez se movilicen los familiares.
Tras la disolución formal del paramilitarismo durante el Gobierno de Uribe y la extradición de sus principales figuras a Estados Unidos, éste se ha reconstruido y actúa abiertamente y con sus uniformes en numerosas zonas del país, con absoluta impunidad, como denuncia el sociólogo Alfredo Molano.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, en informe que recoge la revista Semana, el 40% de las Bandas criminales están comandadas por ex miembros de los paras o Autodefensas Unidas de Colombia y mantienen relaciones con políticos (decenas de exparlamentarios se encuentran presos por la llamada parapolítica). Un 30% de las Bandas Criminales están dedicadas a proteger la corrupción, y otro 30% son mercenarios que se venden al mejor postor y «se prestan para matar a líderes sociales incómodos para los intereses de los grupos regionales de poder».
Esta situación complica extraordinariamente las perspectivas del «posconflicto», una vez que se hayan firmado los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno en La Habana. Se teme con fundamento que el paramilitarismo, con ánimo revanchista, ocupe las zonas que abandone la guerrilla. Por otra parte, los dirigentes guerrilleros se preguntan con qué garantías de seguridad van a integrarse en la vida civil, incluso acceder una vez desmovilizados a puestos de representación democrática.
Con muy escasa efectividad, el Gobierno del Presidente Santos ha anunciado una ofensiva mediante el Comité de Seguimiento a Organizaciones y Bandas Criminales en el que participan cinco ministerios, reconociendo las dificultades que genera el gran mercado de armas y sicarios que se da en Colombia.
Según la exgobernadora de la región de Córdoba, Marta Saénz Correa, el paramilitarismo y la criminalidad común son el primer empleador en algunas zonas, por delante de la caficultura o la ganadería, hasta ahora principales fuentes de empleo en el campo colombiano.