Durante el último año casi un millón de personas se registraron ante la Unidad de Víctimas de Colombia como afectadas por hechos relacionados con la guerra desde 1985, sin embargo, la base para aspirar a la reparación administrativa que entrega el Estado, llega este lunes a los 8 millones de ciudadanos.
Es casi el doble de los cálculos que se hicieron en el 2011, cuando se estimaba que los colombianos que pedirían la reparación serían cerca de 4,5 millones, pues eran los que entonces aparecían en los registros de la desaparecida oficina de Acción Social de la Presidencia, encargada de las ayudas humanitarias.
En estos cuatro años, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha utilizado recursos para la reparación de personas superiores al billón de pesos, pero el reto presupuestal que supone el registro de víctimas puede superar, en las próximas décadas, los 50 billones de pesos.
Los registros de la Unidad de Víctimas señalaron que hay 12 crímenes prevalentes en las denuncias: desplazamiento forzado, homicidio, mutilaciones por minas, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y robo de bienes.
De los 8 millones, más de 6 millones son desplazados. Por delito, el segundo grupo de víctimas que reclama reparación corresponde a homicidios: fueron víctimas directas 265 mil personas y se cuentan 704 mil indirectas (familiares).
Entre ellas hay un número importante de víctimas que ya fallecieron, que están desaparecidas o que no proceden para la entrega de las ayudas.