En Gaceta Oficial N°6.369 Extraordinario , de fecha jueves 5 de abril de 2018, fue formalizada la resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; para Economía y Finanzas; y para Comercio Exterior e Inversión Internacional, mediante la cual se ordena la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con 22 personas naturales y 46 jurídicas de la República de Panamá.
Esta medida tiene como finalidad proteger el sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela y está fundamentada en los procesos llevados por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción, que han evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes proveniente del delito contra el patrimonio público”.
Esta resolución se basa en los estándares y mejores prácticas internacionales para la prevención, control, detección y sanción a los delitos de delincuencia organizada, particularmente relacionado con los denominados «paraísos fiscales».
Entre las personas naturales figuran el presidente panameño, Juan Carlos Valera; la canciller, Isabel de Saint Malo; el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; la ministra de Gobierno, María Luisa Romero; el ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia; la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez; el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena; entre otras.
En el caso de las personas jurídicas se encuentran la Compañía Panameña de Aviación, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex, Pan Colombia Travel, Sanofi Aventis De Panamá S.A., Casa Blanca S.A., Noratex S.A., Dana Internacional S.A., Omais Internacional S.A., Model One Internaciona S.A., Nabil Internacional S.A., Yamaha Music Latin America S.A., Casa Be BT Mayani S.A., VDF Panamá S.A., Rattan Zona Libre S.A., Samsung Electronics Latinoamerica Zona Libre S.A., entre otras.
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