Organizaciones no gubernamentales (ONG) contrarrevolucionarias reconocen que reciben financiamiento extranjero, pero exigen al Gobierno nacional que no las investigue por esto, y lo acusan de un supuesto “hostigamiento”.
“Le exigimos al gobierno que ponga fin a las investigaciones abiertas contra agrupaciones como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), por haber recibido financiamiento del extranjero” manifestó el presidente de la ONG Sinergia, Feliciano Reyna, según reseña este miércoles el diario opositor El Universal.
El ex presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) Pedro Nikken justificó por su parte el financiamiento internacional de la ONG, asegurando que de esta forma garantizan su autonomía.
“Las agrupaciones civiles no pueden recurrir a las empresas, porque sus intereses son contradictorios y porque ellas participan del poder. Tampoco pueden aceptar fondos del Gobierno Nacional porque él puede ponerle condiciones”, aseguró.
QUÉ DICEN NUESTRAS LEYES
Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 1, indica que “los sistemas democráticos se apoyan en la participación de sus ciudadanos y de las organizaciones políticas que los aglutinan para participar en el sistema político. Así se articula la actuación pública en favor de los miembros de la sociedad nacional y no de agentes externos que pudieran intervenir en la vida política de un Estado, lesionando el derecho de la Nación a su autodeterminación, su independencia y soberanía”.
Recibir financiamiento internacional también supone una violación al artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:
“La soberanía reside instransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley, e indirectamete mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
El 13 de junio de 2006 la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, el cual señala: “Toda agrupación civil venezolana deberá registrarse ante un organismo que dependerá de la Presidencia de la República, y que administrará todos los recursos económicos y ofertas de ayuda que reciban las ONG”, expresa.
ONGs CON FINANCIAMIENTO DE EEUU
Organizaciones venezolanas como Súmate, Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) son las principales beneficiarias del financiamiento que el Departamento de Estado estadounidense canaliza a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom House, National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid). Así lo dio a conocer en julio de este año la abogada Eva Golinger.
Súmate lleva 8 años arremetiendo contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), al cual ha calificado como una institución “no confiable, que manipula los resultados electorales”.
Maria Corina Machado, candidata para las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, fue su presidente hasta febrero de 2010. Ella es una de las firmantes del decreto Carmona y en el 2005 se reunió con el ex presidente de los Estados Unidos, George Bush.