Organizaciones mexicanas de derechos humanos han solicitado este lunes al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) reabrir el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.
El caso «muestra que el Estado no es capaz de erradicar la desaparición forzada, que el país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia», se lee en la petición entregada al CED.
Es más, las ONGs exigen un fuerte pronunciamiento de condena contra la desaparición de los 43 estudiantes, además de exigir justicia, verdad y reparaciones para las víctimas.
Conforme a la petición, las investigaciones empezaron con un retraso de ocho días y “la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada sino por el delito de delincuencia organizada”.
Las organizaciones de derechos humanos lamentan que la Fiscalía mexicana haya cerrado el caso antes de que el Equipo Argentino de Antropología Forense, de renombre internacional, haya conformado sus conclusiones.
El cierre se suscitó también antes de que se dieran a conocer los resultados de la misión del panel de cinco expertos de Chile, Colombia, Guatemala y España, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano competente de la OEA, requerido por el Gobierno de México y la sociedad civil, agrega el texto.
El caso de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, fue archivado a finales de enero por el fiscal Jesús Murillo Karam a partir de la identificación de una de las víctimas y del testimonio de cuatro de los autores.
No obstante, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, alegó el sábado que “frente a las aseveraciones de que la investigación está cerrada habremos de decir que la investigación no está cerrada.»
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de policías locales disparó contra los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, causando la muerte de seis personas; después los policías capturaron a 43 jóvenes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que asegura haberlos asesinado e incinerado en un basurero, aunque solo un cuerpo ha sido identificado hasta la fecha.
El Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez AC, y Amnistía Internacional (AI), que acompañan a familiares de los estudiantes desaparecidos, afirmaron que el Estado mexicano es incapaz de erradicar la desaparición forzada en el país.