Ante la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia, la Organización de Naciones Unidas presentó el informe oficial desde Ginebra, Suiza, con una realidad alarmante.
El francés Michel Forst, relator de la ONU, aseguró que “desde 2016 hasta junio de 2019, Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de defensores en América Latina».
Forst identificó tres tendencias principales: el peligroso papel de las empresas en el ámbito de las industrias extractivas que operan en el país, persisten los altos niveles de impunidad por los asesinatos y amenazas a los defensores, lo que perpetúa el ciclo de violencia contra ellos y la constante estigmatización y criminalización de los defensores.
«A pesar de todos estos esfuerzos, la gran mayoría de los defensores en Colombia están en peligro; los riesgos a los que se enfrentan han aumentado en los tres años transcurridos desde la aprobación del Acuerdo de Paz», agregó Forst.
El relator de la ONU también dice que “las personas defensoras carecen de un reconocimiento público y social positivo, a pesar de declaraciones públicas del presidente de la República y otras autoridades reconociendo su importante papel, son criminalizadas por otros actores estatales y no estatales”.
«Llamo al Gobierno de #Colombia a que dé prioridad a la aplicación del Acuerdo de Paz y, en particular, a los mecanismos de protección de lxs defensorxs de los DDHH y a la adopción de una Política Púb. Integral de respeto y garantías para la labor de lxs defensorxs de los DDHH»
— Michel Forst SR HRD (@ForstMichel) March 4, 2020
Por su parte, el gobierno colombiano rechazó el informe presenado por el relator de la ONU: «La Cancillería ha transmitido en Ginebra algunas objeciones frente a consideraciones del informe que no reflejan objetividad e integridad», indicó la canciller, Claudia Blum, en un comunicado emitido por su despacho, reseñó Sputnik.
El Gobierno de Colombia calificó de «acusación inadmisible» la «supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos en Colombia», como lo indicó el reporte de Forst.