El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este martes que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, «no se han erradicado totalmente» en Colombia. El organismo consideró que el Gobierno colombiano debe investigar estos casos e implementar normativas para que este tipo de acciones «no vuelvan a ocurrir».
«La práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente. La oficina en Colombia observó casos con características de esta grave violación en Arauca (noreste), Bogotá (capital), Cauca (suroeste) y Cesar (norte)», señala el informe sobre Colombia preparado por el Alto Comisionado, que este miércoles será considerado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El documento indica que en varios casos «se observaron inconsistencias sobre lo ocurrido en las versiones de las autoridades militares, así como una tendencia por parte de algunos funcionarios a desprestigiar, estigmatizar a las víctimas y entorpecer la justicia».
El Alto Comisionado consideró que las ejecuciones extrajudiciales «deben alertar a las autoridades sobre la necesidad de redoblar sus esfuerzos en la prevención de esta grave violación de los derechos humanos».
Recomendó que para evitar estas acciones, el Gobierno de Juan Manuel Santos «debe poner énfasis en la implementación efectiva de las medidas introducidas en 2008», que impide y previene dicha práctica.
La ONU afirmó que algunos oficiales del Ejército «continúan negando la existencia de las ejecuciones extrajudiciales. Estas actitudes no contribuyen a crear una cultura de repudio de estas violaciones, lo que pone en peligro las garantías de no repetición».
Por otra parte, el organismo informó que siguen cometiéndose «un número significativo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sobre todo por grupos armados ilegales, pero también por agentes estatales».
El informe saludó la adopción de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, al reconocer el derecho de las víctimas «con independencia de la identidad de los victimarios».
En 2011, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep (Programa por la paz) señaló en un informe que entre 2001 y 2010 se registraron 562 casos de falsos positivos y mil 119 víctimas.
Estas víctimas responden a diferentes tipos de violaciones: 887 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, 87 a tortura, 36 heridos, 41 a amenazas individuales, 63 a desapariciones forzadas e involuntarias y 214 a detenciones arbitrarias.
La organización no gubernamental afirmó que los falsos positivos se incrementaron en 2010 en un 58,3 por ciento y en un 69,5 por ciento de las víctimas.
En Colombia, las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos son conocidos como la muerte de civiles, jóvenes y campesinos, que posteriormente son presentados como miembros de grupos armados irregulares caídos en combate, por lo que los militares recibían beneficios económicos y permisos especiales por parte de sus superiores.
En el año 2008, se desató el escándalo de los llamados falsos positivos tras la desaparición de 14 jóvenes colombianos, que fueron reportados por el Ejército como “insurgentes” muertos, en supuestos combates en el noreste de Colombia.
Más de dos mil casos de esta naturaleza son investigados por las autoridades judiciales colombianas, que han vínculado con ellos a cientos de militares.