El Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU instó a Paraguay a revisar situaciones de violaciones de derechos humanos en el país ocurridas al calor de la supuesta lucha contra el terrorismo.
La instancia de las Naciones Unidas remitió una comunicación al gobierno del presidente Horacio Cartes referente a la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) acantonada en el norte del país e integrada por militares y policías cuya tarea es enfrentar a los grupos armados que operan en la zona.
Coincidentemente con la denuncia de la ONU se conoció anoche la destitución sorpresiva del general Ramón Benítez, jefe de la FTC, por una orden expresa del presidente Horacio Cartes.
La preocupación de la ONU se desprendió de un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay conocido por Prensa Latina respecto a las actuaciones de esos cuerpos y especialmente a los riesgos del marco jurídico que permite la incursión de miliares en materia de seguridad interna sin plazo alguno.
Esa situación, además de ser violatoria de la Constitución Nacional se encuentra bajo el mando del presidente Cartes ignorándose totalmente el papel desempeñado por los ministros de Defensa e Interior en este marco.
El Subcomité de la ONU pidió al gobierno paraguayo tome en cuenta las recomendaciones del Mecanismo de Prevención de la Tortura y manifestó su preocupación por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos denunciadas, incluyendo casos de toturas en forma repetida.
Dicha instancia entiende, al igual que fuerzas políticas nacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos que el empleo de los elementos de combate de las fuerzas armadas en la seguridad interna coloca en estado de excepción permanente a tres departamentos del norte paraguayo.
Un caso elevado a la ONU fue el de cuatro adolescentes detenidos bajo la acusación de terroristas, los cuales despues de seis meses fueron dejados en libertad por falta de pruebas, por lo que se pidió el procesamieno y sanción de los involucrados en tal hecho.
Otra suerte de daño colateral fue el de María González atacada a balazos por los militarss en su domicilio mientras estaba totalmente desarmada y el asesinato de Hermenegildo y Marcos Ovelar, igualmente carentes de armas, así como el procesamiento y acusación de un menor que desde mucho antes estaba encarcelado.
El pronunciamiento de la subcomisión de la ONU también fue al encuentro de numerosas acusaciones planteadas públicamente por actuaciones calificadas de atropellos en asentamientos campesinos, criticadas incluso por referentes de la iglesia católica en esas zonas.