Open Arms, tras amenaza del Gobierno de España con multas de hasta 900.000 euros: «Seguiremos defendiendo los DDHH»

El pasado 27 de junio, tan solo un día después de poner rumbo al Mediterráneo central, el barco humanitario Open Arms se enfrentaba a las amenazas del Director General de la Marina Mercante de España, Benito Núñez Quintanilla. La decisión de la ONG de desafiar el bloqueo del Ejecutivo para las salvar vidas de cientos de migrantes a la deriva conllevaba una clara amenaza: una pena de hasta 900.000 euros y posibles suspensiones de nuestra tripulación.

Unas amenazas que denunció este miércoles Anabel Montes, jefa de misión de Proactiva Open Arms, quien, desde la Eurocámara, lamentó la decisión del Gobierno español y la postura en la que deja a la ONG, que debe elegir entre «ser cómplice» de las muertes en el Mediterráneo o «pagar una multa». «Cualquier barco tiene la obligación moral y legal de asistir embarcaciones en peligro», recordó en rueda de prensa.

Este jueves, desde la organización han respondido a las conminaciones del Ejecutivo a través de una misiva dirigida expresamente a Núñez Quintanilla, al que han querido comunicar que «el buque Open Arms finalmente se encuentra donde siempre debería haber estado, en el medio del mar. En concreto hemos vuelto a la ruta más mortífera del mundo, la del Mediterráneo Central».

Una carta con la que, además, han advertido al Gobierno de que no tienen miedo a represalias, porque nada va a pararles en su misión de salvar vidas. «Ni un bloqueo en el puerto de Barcelona de más de 100 días que finalizó únicamente con la autorización de transportar ayuda humanitaria a Grecia, ni las amenazas recibidas por parte del gobierno español e italiano nos separan de donde tenemos que estar», continúan.

«Nuestro objetivo sigue siendo, como siempre, proteger la vida en el mar. Para ello, seguiremos con nuestras labores de protección por presencia en la ruta marítima más mortífera que existe», aseguran. Por ello, quieren recordar que en lo que va de 2019, el Mediterráneo se ha tragado, al menos, la vida de 598 personas «que podrían haber sido fácilmente rescatadas si esa fuera la voluntad de los países de la Unión Europea».

F/Publico.es
F/EFE