Existe una relación estrecha entre las armas de fuego y la criminalidad violenta. Mientras más armas y municiones existan, habrá más posibilidades de ocurrencia de robos, homicidios, secuestros y otros delitos violentos. La comprobación de esa relación, por parte de la Codesarme, en 2012, dio pie al diseño de una Ley y de una política específica sobre la materia, que se inscribía, a su vez, en una política de mayor alcance: la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Pero, ¿qué ha pasado con la política específica de desarme? ¿Es una buena política? ¿Ha dado resultados? ¿Se está ejecutando?
Si juzgamos a partir de las tasas de delitos violentos y, en particular, de homicidios (que se mantienen por arriba de los 50 por cada 100 mil habitantes desde 2013), podríamos concluir apresuradamente que la política de control de armas, municiones y desarme, no ha dado resultado y que, por lo tanto, es un medio inadecuado para disminuir el problema que la justificó. Pero ello sería, a nuestro juicio, un error. En primer lugar, porque existen otros factores coyunturales o estructurales, que pueden explicar esa resistencia a la disminución, de los homicidios. Pero, sobre todo, porque hay que responder previamente, cuáles son los problemas y las virtudes específicas, tanto de diseño como de ejecución, que tiene la política.
En otras palabras, hay que hacer un balance integral del diseño, ejecución, resultados e impactos de la política, para saber qué hay que cambiar y qué hay que ratificar. Como aporte a ese necesario balance colectivo (que involucre a las instituciones a las organizaciones populares que son dolientes de la política), compartimos aquí, de modo esquemático, algunas ideas.
SOBRE LAS VIRTUDES Y ERRORES DEL DISEÑO
La Ley subraya adecuadamente el control sobre municiones, armas y desarme y apunta hacia su restricción y hacia la prevención de su uso inadecuado; todo lo cual es muy acertado. Pero incluyó, también, dos importantes errores: 1. No creó un espacio para la coordinación interinstitucional de la política, generando múltiples cabezas institucionales, con una (la FANB) sobredesarrollada y; 2. Activó, solo por 2 años (lapso ya vencido), la suspensión del otorgamiento de nuevos permisos de porte y tenencia y, de la comercialización de armas y municiones, lo que en este momento está atentando contra el espíritu de la propia Ley.
Ambos problemas aquí señalados pueden ser resueltos a través de decretos: a) un decreto presidencial que cree un espacio de coordinación interinstitucional de la política de control de municiones, armas y desarme, adscrito a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, en el que participen todos los entes con competencias derivadas de la Ley y, b) un decreto ministerial conjunto (Defensa e Interior), que ratifique la suspensión, por 5 años más, tanto del otorgamiento de nuevos permisos de porte y tenencia, como de la comercialización de armas y municiones. Esto último tiene un precedente en la gestión de El Aissami, antes de la existencia de actual la Ley.
SOBRE LOS PROBLEMAS Y RETOS DE LA EJECUCIÓN
Como virtudes de la ejecución de la política, cabe señalar la acción sostenida de destrucción de armas incautadas y las inspecciones regulares a parques de armas y salas de evidencia de los cuerpos policiales. Sin embargo, hay que decir, que otros aspectos medulares de la política han sido ralentizados o ignorados. Se enumeran brevemente, solo 5 de ellos:
1. No se ha implementado el sistema de marcaje de municiones (tiene más de un año de incumplimiento del mandato que le dio la Ley a CAVIM), con lo que se sigue facilitando que las municiones de los cuerpos de seguridad (policiales y militares) migren a los mercados ilegales, sin que sea posible rastrearlas y adoptar correctivos. Como denunció el entonces director de la PNB, el 80% de las balas con las que muere nuestra gente, son fabricadas por CAVIM.
2. La carga en el sistema IBIS (que es esa base de datos que sale en las series policiales, en la que a partir de una bala se llega a un arma y a sus propietarios) de los registros balísticos de la totalidad de las armas existentes en el país, va a un paso muy lento. Ello implica que el trabajo de investigación sobre delitos violentos que involucran armas de fuego se ve radicalmente obstaculizado.
3. Los cuerpos policiales no están cumpliendo adecuadamente con la obligación de presentar Informes sobre el Uso de la Fuerza (estándar del Nuevo Modelo Policial), en donde cada funcionario rinde cuentas sobre qué hace con las municiones asignadas. Adicionalmente, dado que no hay un procedimiento para la destrucción de municiones incautadas, las salas de evidencia de las policías están abarrotadas de estas. Tanto lo primero, como lo segundo, facilita el flujo de municiones, a través de procesos de corrupción policial, hacia el mercado ilegal.
4. No se ha creado el Fondo Nacional para el Desarme, previsto en la Ley, con los recursos aportados por CAVIM. Ello le resta músculo financiero al Servicio Nacional para el Desarme (Senades) para reimpulsar la política de desarme voluntario.
5. No existe, en la actualidad, una campaña comunicacional sostenida, de alto impacto, como la prevista en la Ley. La última campaña importante con esas características, fue realizada en 2012.
EVALUAR PARA REIMPULSAR
Aunque la política tiene algunos problemas de diseño, su principal problema es la falta de implementación integral. Desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, hacemos votos porque los dos ministros con mayor nivel de responsabilidad en la política (Interior y Defensa), convoquen a un balance colectivo que permita mejorarla y reimpulsarla. La vida de muchos de nuestros jóvenes, depende de decisiones políticas como esa.