En Venezuela la aplicación de los bonos no ha sido positiva para los trabajadores y los pensionados.
En los años 90, como respuesta a la demanda de aumento salarial, surgió la política de bonificaciones. Las empresas consultoras ofrecían charlas a los empresarios durante las que explicaban que manteniendo el mismo salario y pagando un bono, se impedía que crecieran los costos de las prestaciones sociales.
Explicaban que de esa forma se reducían los pagos al seguro social, al INCE, seguro de paro forzoso, Impuesto sobre la Renta, contribuciones fiscales y parafiscales.
El Gobierno también comenzó a aplicarlo a los trabajadores públicos y hasta lo negociaban con los sindicatos. En las pensiones de los años 94, 95,96, se incluía un bono de transporte (Bs. 400), el cual desapareció cuando el movimiento de los pensionados comenzó a exigir que las jubilaciones y pensiones se igualaran al salario mínimo urbano.
El entonces Congreso de la República aprobó la Ley de Homologación de jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional (1995), con el voto en contra de Convergencia. Desde el Gobierno decretaron aumentos diferenciados a los trabajadores, aprendices y pensionados, como subterfugio para no aplicar la norma y mantener la distancia entre salarios y pensiones.
Los bonos se han legalizado en los convenios colectivos, como compensaciones no salariales. La Ley de Alimentación a los Trabajadores se desvirtuó y la exigencia de comedores en las empresas fue sustituida por bonos de alimentación.
En la actualidad los bonos son un paliativo. Es más importante que se constituya el Fondo de Seguridad Social, ahorrando una “gota de petróleo” de las ganancias petroleras. Así se garantizan los aumentos y el pago futuro de los pensionados.