Los pueblos libertarios de América Latina han sido el resultado de una larga batalla, son el resultado del proceso emancipador; estos Estados nacionales se constituyen desde las raíces de la insurrección, por lo que el nuevo orden revolucionario ha tardado en consolidarse.
El proceso bolivariano se ha enfrentado directamente con los planes de la guerra económica, una guerra sin cuartel que ha intentado mantener la cultura rentista, divorciada del pueblo, que no incorpora a todos los sectores y que hace esfuerzos para superponerse al modelo económico socialista, propuesto en el Plan de la Patria 2013-2019.
Es el momento de realizar las transformaciones estructurales del modelo económico que sean necesarias para avanzar, estabilizar el acceso a los bienes y servicios y de esta manera los ciudadanos podrán ejercer sus derechos socioeconómicos.
El Gobierno Nacional ha comenzado a trabajar con el puente del diálogo, se instaló el Consejo Nacional de Economía Productiva, con la propuesta de nueve Motores para el reimpulso de la economía nacional que establece la inclusión de todos los actores productivos del país, con miras a reactivar la producción social.
De allí la importancia del Decreto de Emergencia Económica que contiene las bases para la normalización de la producción y que, además, se encuentra enmarcado dentro del ordenamiento jurídico de la Nación, de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley en cuanto a la protección social como deber del Estado.
Es necesario aplicar las medidas económicas expuestas para solventar la crisis económica que deviene de la caída de los precios del petróleo, entonces queda de parte de los legisladores en la Asamblea Nacional (AN) su aprobación; es necesario hacer un llamado a los parlamentarios para contar con su apoyo, a los fines de llevar a cabo las medidas extraordinarias establecidas en el Decreto.
También es conveniente que todos los sectores ciudadanos sean capaces de asumir la responsabilidad histórica que atraviesa el país, que sea un momento de unión popular, de concienciación de la emergencia económica y depositar la confianza en el Decreto y en el Primer Mandatario Nacional.