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A desalambrar por Ana Cristina Bracho

El derecho como militancia (Opinión)

15 febrero 2016 | Haga un comentario

Raro es el abogado que milita. Al recibir el título acaba de terminar cinco ciclos de lavado de su conciencia de clase, durante el tiempo en las aulas, entenderá que su función es aplicar leyes que no puede juzgar y que obedecen a un orden natural. Por eso, el derecho para muchos es “letra muerta”. Ahora, Venezuela tiene 17 años en Revolución y con ella casi dos décadas de nueva legislación.

Ese nuevo derecho, ubicado en una posición de vanguardia y resistencia, cae en un entramado con base en principios de preservación del viejo orden social, en el cual sobrevivir exige no tan solo su existencia formal sino su vigencia real, la cual se alcanzó cuando además de normativamente se desarrollaron como Misiones.

Esta realidad nos ubica en que los derechos dependen de las leyes y la vigencia de estas últimas de la articulación y existencia de las Misiones.

Puede que las Misiones sean tan solo una forma administrativa más y que en algún momento podamos trascenderlas pero al respecto hay que recordar que fue la única que logró la declaratoria de territorios libres de analfabetismo y hambre; penetración tecnológica y atención comunitaria de la salud.

Para los ciudadanos, en su actividad diaria el Estado puede parecer dividido, lo cual se evidencia cuando además entre dos o más de ellos existe una polarización mayor, como es el caso del Legislativo con sus cuatro pares. Pero para los derechos el Estado es indivisible.

Por ello, la garantía de los derechos se da tanto con la construcción y mantenimiento del hospital como con la Ley Orgánica de la Salud. Pretender que una ley puede saltarse las protecciones constitucionales tales

como la inherencia de los derechos, la progresividad de sus desarrollos así como las normas pétreas que ordenan al pueblo de Venezuela permanecer fiel a sus ideales republicanos y democráticos, constituye una práctica que en algunos casos ha sido internacionalmente condenada.

La gobernabilidad que es un elemento a defender porque es la única garantía para los ciudadanos del vital derecho a la paz, es responsabilidad conjunta e individual de todos los poderes y de todas las personas que son o habitan un país. En tal sentido, las prácticas parlamentarias que operan en uno o en el otro sentido amenazan crecientemente la estabilidad nacional, que es un supuesto que constitucionalmente obliga a la defensa de la Patria.

Esto para recordar que si la Revolución Bolivariana se ha caracterizado por ser cívica es porque detrás de la política se construyó un esqueleto jurídico de Poder Popular, derechos sociales y democracia real. Así las cosas, tiempo de la reflexión nacional y el desaliento a quienes pretenden borrar un sistema de justicia perfectible para tornarlo uno de revanchas despiadadas; eliminar instituciones mejorables para mercantilizar la vida y tener en el espacio político siempre la Constitución y la ley.

@anicrisbracho
Caracas

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