Desde su perspectiva de clase, la burguesía imperialista, presente aquí en sus transnacionales, y la monopolista nativa, que no nacional, tienen razón.
Una política económica cuyo objetivo es la “disminución de la deuda social” y cuya práctica dedica 60% de los ingresos del país a construir un tipo de Estado de bienestar; busca garantizar la capacidad de consumo de las mayorías, con aumento constante de salarios, control de la tasa de ganancia –pecado mortal– y suministro de una variedad de productos subsidiados.
Una política que procura garantizar los anteriores elementos mediante un control de cambio que, si bien hace aguas por múltiples vertientes, impide a los consorcios disponer de la renta petrolera con la misma facilidad de sus años cuartarrepublicanos; protege, con la Ley Orgánica del Trabajo y los decretos de inamovilidad laboral, a las y los trabajadores de la arremetida burguesa orientada a recuperar su tasa de ganancia.
Una política económica así no puede recibir sino el rechazo de los círculos imperialista-oligárquicos, por lo cual desde el principio desataron una feroz contraofensiva, denominada con justas razones “guerra económica” por el Gobierno Bolivariano y sus defensores.
Comenzaron las distintas fracciones de la burguesía rompiendo leyes, financiando y organizando golpes, sabotajes y huelgas patronales insurreccionales.
De esa fracasada “guerra de movimientos” pasaron a una “de posiciones”, más lenta y sutil pero hasta ahora más efectiva.
Principales frentes de batalla: escasez inducida, tramada para afectar solo al pueblo consumidor; ataque contra la moneda, apuntalado en la oligarquía colombiana, el contrabando y la especulación monetaria con el precio del bolívar, más el Dólar Today de los apátridas en Miami; agresión a las reservas internacionales, centrada en la alianza Estados Unidos-Arabia Saudita, dirigida a invalidar la OPEP como reguladora del precio petrolero.