Un mes lleva cocinándose a fuego lento la marcha opositora planificada para la semana entrante, con niveles de expectativas generadas en sus filas que parecen distar –y por mucho- con las posibilidades reales de movilización de sus filas, ello considerando la historia reciente. Y si alguien pudiera pensar que remitiéndonos un poco mas al pasado pudiera resultar distinto el panorama, nos toparíamos efectivamente con un historial de movilizaciones, pero mucho mas caracterizadas por su violencia que por la cantidad de movilizados, lo que seguramente nadie dentro de la oposición querrá recordar.
Con estos precedentes, no debe despertar suspicacia alguna que el Estado tome las consideraciones que estime necesarias para el resguardo de la paz; primero, por ser una de sus responsabilidades ante el país y, segundo, porque les acude la razón histórica de hacerlo, dados los antecedentes, que por haber contenido actos delictivos y crímenes de lesa humanidad, muy bien llamados prontuarios.
Declarativamente, la marcha persigue pedir al CNE la precisión de un cronograma respecto a su solicitud revocatoria –lo cual, vale acotar, vienen haciendo en cumplimiento de sus responsabilidades y en correspondencia con su obligación institucional de velar por el derecho de los proponentes de esta solicitud. Sin embargo, dichos por los propios convocantes, son otros.
Pública y comunicacionalmente uno de ellos llegó a señalar que la meta de la marcha no es otra sino “romper con la normalidad”. ¿Cómo interpretar este objetivo? ¿Acaso la normalidad no viene de la mano con el apego a la Constitución y las leyes? En la misma declaración, este vocero llegó a señalar que esperan una participación de “mas de un millón de personas en Caracas”, no sin antes dar por descontado que no lo lograrán y que ello será “culpa del Gobierno”. ¿Será la crónica de un fracaso anunciado? Sería un buen ejercicio que cada lectora y cada lector se responda estas preguntas.
Obligados estamos a permanecer alertas y a izar como única bandera la paz. Aquí la responsabilidad del Estado es de primera importancia y por tanto le corresponderá garantizarla, y utilizando para ello los medios de los cuales dispone. Nunca faltan –y siempre sobran- los pescadores de río revuelto y ante ellos y sus prácticas ya demostradas se debe actuar de la manera que sea necesaria para garantizar la paz, pues sin ella nada tendremos.