La decisión de las dos Cámaras del Congreso de Estados Unidos de imponer sanciones contra funcionarios venezolanos que no han podido ser comprados por el Gobierno y corporaciones de la nación del Norte guarda completa sincronía con los postulados adoptados por la Administración estadounidense a raíz del fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética, de cambiar la lucha contra el comunismo por el control de los recursos estratégicos, siendo el petróleo el crucial.
El manejo de las fuentes de energía permite imponer políticas neocoloniales a los países dependientes, a lo que se agrega el contexto actual de profundo agotamiento de las reservas de petróleo, como lo reflejan los datos oficiales de la OPEP del presente año, verificable en su página oficial por internet.
Mientras se crean grupos terroristas por parte de la Administración EEUU y sus aliados europeos e israelíes en el Medio Oriente para fracturar la figura del Estado-Nación en la región y tomar posesión de las reservas, en Venezuela, en la segunda mitad de la década de los años 90, se crea un partido político financiado con recursos manejados por la meritocracia petrolera que controlaba Pdvsa.
La meritocracia nace de un acuerdo entre Carlos Andrés Pérez y las transnacionales petroleras por la nacionalización, en el que además del pago de una amplia compensación, los antiguos gerentes de las corporaciones pasaron a ocupar los cargos de la nueva industria nacionalizada.
Las corporaciones petroleras diseñaron con el apoyo del Gobierno estadounidense y de los tanques pensantes, un partido político de laboratorio y sus derivados, con la finalidad de solucionar su problema de agotamiento de reservas, mediante la privatización del sector petrolero venezolano y la destrucción del Estado-Nación bajo el supuesto negado de ser colocados en el poder por el imperialismo yanqui.