Las principales potencias del mundo usan su enorme aparato político, diplomático y mediático para presentar a Venezuela como un “Estado fallido”, justificando así la intervención extranjera.
Sin embargo, en lo que va del año 2016, se ha demostrado que hay un solo poder fallido: la Asamblea Nacional (AN).
Su accionar puede ser calificado así desde que los partidos de la oposición controlan la AN, en enero de 2016. Desde entonces, el Poder Legislativo no funciona ni palante ni patrás. La Asamblea Nacional nada ha aportado en solucionar los problemas que hoy atraviesa el país. Al contrario, los representantes de la derecha venezolana han convertido al Poder Legislativo nacional en una maquinaria para sabotear y entorpecer las medidas que el Ejecutivo está implementado para solucionar las dificultades producidas a partir de la baja del precio internacional del barril de petróleo y la guerra económica desatada por un sector de la burguesía venezolana apoyada desde el exterior.
Con una actitud irresponsable y antidemocrática, la mayoría parlamentaria estimula las acciones desestabilizadoras contra el Gobierno y la paz social, irrespetando la Constitución y justificando actos de violencia y de boicot económico.
La Asamblea Nacional no solo ha fracasado en dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, también ha naufragado en su tarea legislativa, por empeñarse en aprobar leyes que están en contra de los intereses del pueblo, garantizados en espíritu y letra por la Constitución.
Los intentos mas alevosos y descarados fueron la llamada “Ley de Amnistía” y la “Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público”, bautizadas “Ley de Autoperdón o de Amnesia criminal” y “Ley Estafa”. Ambas fueron derrotadas por una amplia movilización popular, en particular las promovidas por organizaciones de víctimas de las guarimbas y el sicariato, y por las organizaciones de pobladores y familias beneficiadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, que introdujeron recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impedir que se promulgaran dichas leyes de carácter inconstitucional.
En Venezuela no hay un Estado fallido, hay una Asamblea Nacional fallida. Los factores revolucionarios, en el Gobierno y el pueblo organizado y movilizado son los responsables de contener y corregir los daños de un Poder Legislativo fallido que debilita a la Nación.