Con su negativa a avalar el acuerdo de convivencia democrática, producto del diálogo con el Gobierno de Venezuela, realizado en República Dominicana, la oposición venezolana dio la espalda al país a pesar de los más de 300 llamados a las conversaciones hechos por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Conforme al politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón, la negativa de la oposición a firmar un acuerdo destinado a acabar con la crisis política y económica es un “sabotaje a la democracia en Venezuela”.
El catedrático sudamericano señaló directamente al Gobierno de los Estados Unidos como principal responsable en el fracaso de las conversaciones debido a las continuas presiones ejercidas sobre los representantes de la oposición.
El pretexto utilizado por la oposición radicó en la exigencia de que las elecciones presidenciales fuesen monitoreadas por el denominado Grupo de Lima, colección de países cuyos gobiernos siguen ciegamente las órdenes emitidas por Washington para atacar a Venezuela.
Algunas de esas naciones latinoamericanas, dígase México, Argentina, Perú y Colombia, sirvieron de escala a la reciente gira del secretario norteamericano de Estado, Rex Tillerson, con el objetivo de promover más sanciones y estrechar el cerco contra el Gobierno de Maduro.
Para la Casa Blanca, la única solución aceptable pasa por la destitución del mandatario venezolano y un ‘cambio de régimen’, aun si esta opción entraña el peligro de una guerra civil e ingentes costos humanos y económicos.
“En otras palabras, el modelo es Libia, o Irak, y de ninguna manera una transición pactada entre el Gobierno y la oposición, o menos todavía, aceptar la supervivencia del Gobierno bolivariano a cambio de algunos gestos de moderación por parte de Caracas”, sostiene el catedrático argentino.
Tras meses de debatir varios puntos de vital importancia en el actual contexto político-económico venezolano, las facciones opositoras volvieron a ceder ante las presiones externas y sencillamente se retiraron de la mesa de conversaciones quedando más desacreditadas que nunca.
El Gobierno de Venezuela refrendó el pasado 7 de febrero el pacto, el cual precisaba en su primer punto el compromiso de las partes a trabajar conjuntamente para que fueran revisadas y suprimidas las sanciones unilaterales de carácter económico y financiero contra el país suramericano.