Desde el año 1999 la inversión en el presupuesto universitario del país se ha incrementado de forma permanente, indicó la directora adjunta de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), Ana Jaimes, quien desmintió las teorías que afirman que las universidades del país tienen un aporte reconducido.
En entrevista con el Correo del Orinoco, Jaimes detalló que la Revolución Bolivariana se inició en 1999 con un presupuesto modificado de 1.297.414 bolívares, y a partir de allí emprendió una escalada anual presupuestaria que para el año 2012 superó los 23 mil millones de bolívares.
“Esto demuestra que cada año el Gobierno Nacional ha fortalecido las instituciones, y aunque algunas digan que todo se va en gastos de personal, es importante saber que la razón de ser de las universidades es la formación de los profesionales de la patria, y para eso requerimos talento humano y docente”, explicó Jaimes.
No obstante, al presupuesto universitario se suman otros elementos como los gastos de funcionamiento, y los gastos de materiales que se dedican al proceso de formación. Además, de los recursos para investigación, que no solo se reciben de parte del Ministerio de Educación Universitaria, sino también mediante la Ley Orgánica de Ciencia,Tecnología e Innovación (Locti).
“Esto evidencia que es mentira que tenemos un presupuesto reconducido. El presupuesto no se reconduce, cada institución anualmente da su planificación y en función de esos proyectos se les asigna una cuota, que luego ellos distribuyen a través de las decisiones del Consejo Universitario”, señaló Jaimes.
Acotó que año a año se ha registrado un incremento tanto en el presupuesto de ley, como en el presupuesto modificado, el cual se asigna a través de los créditos adicionales.
“Seguimos trabajando en este tema porque hay áreas que hay que seguir fortaleciendo. Si bien es cierto que hemos fortalecido el talento humano, también es de entender que el crecimiento de la matrícula justifica el hecho de que en muchas universidades se incremente el gasto”, indicó la representante de la Opsu.
Señaló que a esto también se suma el incremento de los gastos de atención integral al estudiante, además de los elemento culturales, deportivos, equipos de laboratorio y bibliotecas.
“Todo esto, al tener mayor número de usuarios, implica una mayor necesidad de recursos, por eso continuamos en la tarea de revisar todos estos temas a través de mesas de trabajo, sabemos que hay mucho por hacer, y ese es nuestro plan de acción para definir los gastos”, explicó Jaimes.
Reiteró que el mayor porcentaje de gasto es el correspondiente a personal: “Y es una dinámica que no nace en la revolución sino que ha crecido durante la historia de la universidad, la cual tiene una nómina bastante alta de personal pensionado y jubilado”.
Consideró que se ha hecho un esfuerzo importante a través de las políticas del Estado para atender esta situación, por lo cual cree que no se puede evaluar solo la circunstancia de una institución, sino ver los esfuerzos que el gobierno hace para garantizar las infraestructuras y servicios en todo el país.
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Otro de los aspectos destacados por Jaimes es el referente a la distribución del presupuesto; en este sentido, explicó que el ministerio tiene la responsabilidad de asignar una cuota mensual, pero son los consejos universitarios los que deciden cómo van a distribuirlo.
“Garantizamos en nuestros lineamientos el pago de nóminas y las providencias estudiantiles como parte elemental, pero el detalle específico lo define el Consejo Universitario, y por por ser entes descentralizados cuentan también con entes de auditoría interna”, señaló Jaimes.
Detalló que las universidades expresan su formulación mediante el Instructivo 19, por medio del cual describen cómo están distribuyendo el gasto por proyectos y partidas. Luego trimestralmente la ley establece que ellos deben rendir la ejecución de su presupuesto, a través del instructivo 7, que permite ver cómo ejecutaron cada partida y observar el presupuesto inicial y las modificaciones que han realizado a ese presupuesto.
“Dentro de las modificaciones están los recursos adicionales que reciben a través de Opsu e ingresos propios, el detalle es que aunque la ley dice que deben rendir cuentas trimestrales, eso no se cumple. Hemos insistido en ello, pero a veces termina el año y no hemos recibido parte de la información, ahorita por ejemplo, estamos recibiendo del cuarto trimestre del año pasado, lo que genera debilidad en el proceso de seguimiento”, especificó Jaimes.
No obstante, indicó que la situación se ha mejorado desde el el año 2010, a través de algunas estrategias como la revisión de instructivos y la implementación de talleres: “En el año 2012 capacitamos casi 3 mil funcionarios de las universidades en áreas de planificación y presupuesto”.
Ratificó la necesidad de llevar a cabo una profunda reflexión de las estructuras administrativas de las universidades del país: “Sobre todo las de gran magnitud, porque se ha originado una dinámica de años, donde muchas veces pareciera que dentro de una institución funcionaran otras paralelas”.
Destacó la importancia de este proceso para poder ver la fluidez del presupuesto o de la inversión que se está haciendo en las universidades: “Hay que repensar la estructura administrativa y funcional que la universidad venezolana debería asumir, de manera de garantizar que la inversión de recursos pueda ser óptima y pueda llegar al mayor número de venezolanos”.
TERRITORIALIZACIÓN
Jaimes explicó que una de las acciones ejecutadas por el ministerio es el trabajo de la territorialización universitaria: “Desde el año 2011 hemos empezado a crear redes a nivel de transporte, bibliotecas y comedores. Consiste en cómo toda esa infraestructura que se tiene en las instituciones puede comportarse como un todo para garantizar la atención de cada estudiante en cada región”.
Indicó que este es un trabajo que se ha venido abordando a través de los subcomités territoriales y parte de esta política se refleja en la estructura presupuestaria. Su finalidad es que las instituciones que están en ciertos estados, se puedan reunir y evaluar cuales son sus fortalezas para atender la demanda estudiantil.
“Se trata de entender que podemos unir esfuerzos para mejorar y para garantizar el servicio de atención a los estudiantes que es la razón principal de las instituciones.Que dejemos de vernos como una parcela y empecemos a mirarnos como un subsistema, reflexionar sobre la optimización del uso de los recursos”, expresó Jaimes.
Aseguró que la territorialización busca romper paradigmas, lo cual implica un gran trabajo con todas las instituciones: “Es resolver un problema no con recursos sino con gestión”.
AUTONOMÍA
Asimismo, Jaimes ratificó que la Revolución Bolivariana ha sido la primera en impulsar y respetar la autonomía universitaria, desde la administración de recursos y personal, hasta los contenidos programáticos.
“Todas las universidades son autónomas, y cuando la Constitución habla de autonomía es para todas, la cual existe y la tienen desde el elemento de la ley de universidades. Universidades nacionales y universidades nacionales experimentales son las dos clasificaciones que actualmente se hacen, pero ambas tienen su autonomía”, explicó Jaimes.
JUSTICIA SOCIAL
Pero además de alzar la bandera de la autonomía universitaria, la Revolución Bolivariana, también asumió el compromiso de hacer justicia social para las trabajadoras y trabajadores de este sector, quienes durante la Cuarta República tuvieron que escuchar que el esfuerzo de su trabajo era impagable.
“Fue el comandante Chávez quien hizo el primer pago de prestaciones sociales que estaban ya declaradas como impagables por gobiernos anteriores. En función de lo que se buscaba en ese momento, Chávez decide fortalecer el sector con el criterio de equidad y justicia social”, acotó Jaimes.
Explicó que en el año 2012, cuando el presidente Chávez propone una forma de volver abordar el pago de las prestaciones sociales a través de la figura del petrorinoco, reciben la solicitud de 33.934 personas a quienes se les adeudaba este beneficio por derecho.
“Se inició el proceso de pago y hasta el primer semestre de este año hemos cancelado a 19.049 personas. Esto se refleja en un monto total 6.162 millones de bolívares que se han cancelado, y continuamos en plena acción, pues mensualmente se siguen publicando listas con las personas beneficiadas”, indicó la directora adjunta de la Opsu.
Sin embargo, explicó que el pago de las prestaciones es una responsabilidad de las universidades, ya que este elemento debe formar parte del costo de sus nóminas: “Pero no solo no lo presupuestaron ahorita, sino que tienen años sin hacerlo, es por eso que en la Opsu asumimos esta tarea de hacer el proceso de pago, y de estandarizar la forma administrativa del cálculo”.
Acotó que las instituciones no tenían mecanismos para evaluar estos costos, por lo cual la Opsu ha emprendido un trabajo de formación con los equipos de recursos humanos sobre las formas de llevar nóminas y presupuestos.
“Nuestra mayor intención es terminar de pagar esta deuda social y luego poder iniciar un plan que nos permita llevar al personal activo al modelo de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores (LOTTT), porque de no hacerlo así solo repetiriamos la historia”.
APORTE A LA INVESTIGACIÓN
Jaimes explicó que el presupuesto 2013 está constituido por nueve proyectos, entre ellos el de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento, para lo cual están asignados 261 millones de bolívares, lo cual demuestra que el Estado es uno de los primeros garantes de esta materia.
“Además las instituciones reciben apoyo por todos los proyectos, y el ministro Pedro Calzadilla anunció recientemente una reunión con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se van habilitar recursos para algunas universidades. Así que el presupuesto no es solo lo que sale del ministerio, sino todo lo que el gobierno da a las instituciones”, señaló Jaimes.