La decisión del Gobierno Bolivariano, aplicada a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) mediante el novedoso Sistema de Ingreso Universitario, ha permitido en el presente año romper con otra muralla de discriminación e inequidad histórica que afectaba la garantía efectiva del derecho a la educación en nuestro país, comenzando a quebrar la perversa lógica hegemónica de control elitesco y cogollero con que las autoridades de las llamadas “universidades autónomas” han hecho y desecho por décadas con la posibilidad de ingreso a las casas de estudio, torpedeando los intentos de democratizar el ingreso a esas universidades públicas; que por cierto se mantienen con el ingreso que aportamos el Estado nacional y la ciudadanía a través de nuestros impuestos.
Para nadie es un secreto en este país que la asignación de cupos ha representado un negocio de elites por mucho tiempo. La autonomía universitaria mal entendida se ha asumido como “patente de corso” para consolidar estructuras de poder a contrapelo de los intereses nacionales y en pro de las agendas de sectores aburguesados que se asumen, erróneamente, como propietarios de lo público (en este caso, ni más ni menos que las universidades nacionales) si pretexto de “la búsqueda de la calidad académica”. Bajo ese criterio, la discrecionalidad para excluir a enormes cantidades de venezolanos de la posibilidad de estudiar una carrera universitaria ha estado a la orden del día.
La Ley Orgánica de Educación es muy clara al establecer que el principio de autonomía universitaria se ejercerá respetando los derechos consagrados a los ciudadanos y ciudadanas en la Constitución de la República, sin menoscabo de lo que establezca la ley en lo relativo al control y vigilancia del Estado. Vale decir, que una decisión de Estado que busca garantizar el derecho humano a la educación sin discriminación, mal puede asumirse como un ataque a la autonomía de las universidades. Aspiramos que los recursos judiciales que inician ciertas universidades contra la medida gubernamental de asignar cupos, se conviertan en un “boomerang” para esos cogollos rectorales excluyentes, y sirva para que la máxima instancia judicial del país, con criterio de justicia, progresividad de derechos humanos y claridad constitucional haga respetar la decisión del Ejecutivo Nacional que hoy favorece a muchos miles de jóvenes estudiantes venezolanos.