El asesinato del abogado hondureño Antonio Trejo Cabrera tiene un sesgo político, denunciaron este lunes organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del país centroamericano.
El abogado, que se desempeñaba como apoderado del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (Muca), fue ultimado el sábado de cinco balazos cuando se encontraba en una boda en la colonia Las Américas, al sur de Tegucigalpa.
El titular del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), Andrés Pavón, declaró que la muerte de Trejo Cabrera fue «un asesinato cobarde de quienes persiguen a los defensores del pueblo sabiendo que la impunidad los protege», reseñó el diario El Heraldo.
Por su parte, el dirigente del Muca, Juan Ramón Chinchilla, expresó que se trata de «un mensaje claro a que nadie pueda trabajar con los movimientos campesinos en el Valle del Aguán y en nuestros país, sabiendo que hay un Estado fallido».
El líder campesino indicó que el abogado estaba en proceso de conformar una organización nacional para investigar la situación de las tierras en Honduras y expandir la defensa judicial de los campesinos.
Desde hace más de un año, en el Bajo Aguán la policía y los grupos de seguridad de los terratenientes han asesinado a más de 70 labriegos que reclaman parcelas para trabajar.
Chinchilla denunció que en Honduras «la policía y el ejército, están confabulados con los guardias de estos grandes terratenientes» para ultimar a los luchadores sociales.
El abogado, de 41 años de edad, era responsable de los asuntos jurídicos de las cooperativas campesinas San Isidro, La Trinidad, y El Despertar, ubicadas en el Valle de Bajo Aguán.
En julio pasado, Trejo Cabrera había conseguido recuperar el dominio jurídico pleno de los labriegos sobre las fincas San Isidro, La Trinidad y Despertar, en manos hasta entonces de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, tras un proceso legal iniciado en 1998.
Facussé es señalado como uno de los principales empresarios que respaldó el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
El abogado asesinado debía viajar en octubre próximo a Estados Unidos para participar en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentar la pruebas sobre la represión en el Bajo Aguán.
Recientemente, el defensor del Pueblo de Honduras, Ramón Custodio, denunció en abril pasado que al menos 25 abogados han sido asesinados en Honduras en el último año.