El Gobierno palestino calificó este domingo como un crimen de guerra la congelación de sus fondos por impuestos decretada por Israel en represalia por el ingreso a la Corte penal Internacional (CPI).
Esta decisión es un nuevo crimen de guerra israelí, pero no retrocederemos ante las presiones, dijo a la prensa aquí el negociador principal palestino, Saeb Erekat.
La retención de los pagos por impuestos que pagan los palestinos de la Cisjordania es una represalia a la que acude con frecuencia la potencia ocupante contra el Gobierno del presidente Mahmoud Abbas.
Tras la formación del Gobierno de unidad nacional con el movimiento islamista Hamas a mediados del año pasado, Israel amenazó con congelar lo gravámenes, fuente de ingreso para el funcionamiento del gabinete palestino.
El sábado pasado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que dejaría de transferir los fondos, equivalentes a unos 125 millones de dólares mensuales, después que el presidente Abbas suscribió los instrumentos para incorporar a Palestina a la CPI.
La decisión fue adoptada horas después que el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo presión de Washington, rechazara votar un proyecto de resolución que fija límites a la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén oriental.
Medios palestinos dijeron que el ingreso en el tribunal, que juzga los crímenes de guerra, podría concretarse en marzo próximo, a pesar de la oposición manifestada por el Gobierno de Estados Unidos.
Años atrás Washington retiró su aporte a la Unesco después que esa agencia aceptó el ingreso de Palestina.
De acuerdo con la Carta de la ONU y la IV Convención de Ginebra, la expropiación forzosa de territorios para construir comunidades humanas en países bajo ocupación militar es un crimen de guerra.