El pasado primero de septiembre Felipe Calderón anunció el último zarpazo del Partido Acción Nacional (PAN) antes de abandonar Los Pinos: una reforma a la Ley Federal de Trabajo que debía ser asumida por el poder legislativo como una «iniciativa preferente».
Ni las críticas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido de los Trabajadores (PT), ni la abstención del Partido Nueva Alanza (Panal) durante las votaciones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados, han sido suficientes y la historia parece estar sellada.
En menos de un mes, la reforma del mandatario saliente se convirtió en la enmienda PAN-PRI. Las dos históricas organizaciones políticas se volvieron a dar la mano y apostaron por «modernizar» aspectos claves de las relaciones entre patrones y trabajadores.
La modernización por la que aboga Calderón no es más que la legalización de la flexibilidad laboral: el concepto de estabilidad es despachado con la formalización de los «contratos de prueba». Los años de servicio dejarán de ser tomados en consideración para las mejoras salariales y la productividad será la base para el ascenso.
La reforma ha sido descrita como la «vía patronal»: el empresario tiene luz verde para despedir al trabajador sin tener que explicar las causas del despido y se da hasta un año de tiempo para el pago de salarios caídos.
Uno de los puntos álgidos del instrumento legal con el que el PAN pone fin a su década de gobierno es el respaldo al fenómeno de la subcontratación (outsourcing, para la prensa local); figura que impide a los trabajadores obtener prestaciones.
Desde el mandato de Ernesto Zedillo, pasando por el de Vicente Fox, hasta el de Felipe Calderón, oficialmente se crearon 4.7 millones de empleos formales permanentes en México » contra una demanda real cercana a 18 millones de plazas», recuerda Carlos Fernández-Vega en su artículo México SA.
«Ello quiere decir que en 18 años sólo se generó uno de cada tres empleos formales demandados. En igual lapso, los mexicanos que sobreviven en la informalidad pasaron de 8.3 a 14.7 millones, es decir un incremento de 77 por ciento», agrega el articulista del diario La Jornada.
En un artículo titulado La hipocresía del PRI, Adolfo Sánchez Rebolledo relaciona el precario panorama laboral con el auge de «los mecanismo feroces de apropiación de la riqueza colectiva, marcados por el expansivo crecimiento de la informalidad que, ahora, paradójicamente, la reforma laboral quiere combatir formalizando la precariedad».
El secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados, Martí Batres, describió como «criminal» la iniciativa de Calderón: «Es una salvajada», agregó.
«Hay una negociación de las peores entre PRI y PAN: el PAN introduce la fragmentación del salario y el PRI mantiene intacto el viejo corporativismo sindical», dijo el legislador del PRD.
«Se ratifica la nula estabilidad en el empleo, se facilita la imposición de bajos salarios, se anulan la seguridad social, la jubilación, se facilitan despidos arbitrarios (…) Es una regresión a condiciones jurídicas previas al siglo XX. Es una aberración, una traición a la historia y a los trabajadores», sentenció.